- El tiempo se agota; hay que dejar atrás las ambiciones personales y demostrar que, en estos comicios, no solo participan para tener una 'chamba' segura o para ganar dinero sin trabajar. La gente exige diputados serios y responsables que realmente trabajen para crear leyes justas y dejen de pensar que son promotores de obras
Cada tres años (aunque en esta ocasión fueron 20 meses) es lo mismo. Hasta ahora ni una sola legislatura ha sido reconocida por su productividad en la creación de leyes y por el correcto trabajo de los congresistas. Pero cómo si los diputados trabajan poco, como quieren, cuando quieren y tienen un sinfín de canonjías que, ya vimos, no están dispuestos a abandonar.
Los políticos en este país, y Tlaxcala no es la excepción, en campaña son unos y en el ejercicio del poder son otros.
Salvo honrosas excepciones, en la búsqueda del sufragio los políticos hacen hasta lo increíble: Lo mismo se les ve viajando en combi que haciendo tortillas, jalando carretas con burros, pegando tabiques, lavando ropa, bailando banda, comiendo chalupas, ingiriendo pulque y hasta agua que no está embotellada.
Pero eso qué importa si lo que interesa es verse como parte del vulgo y ganar el voto para ocupar una curul. Ya en funciones, su desempeño es pobre y nadie los fiscaliza, así que son los amos y señores de la opacidad.
Eso sí, desde que buscan el voto ciudadano son maestros de la mentira. Prometen empleo, obra pública, bienestar social, mayores ingresos, becas, apoyos para el campo, combatir la contaminación y terminar con la inseguridad.
Todo es más falso que un billete de dos mil pesos pues el artículo 43 de la Constitución local señala con mucha precisión: “Los diputados deberán cumplir puntualmente sus deberes legislativos, de gestoría y representación, así como los de fiscalización y control del ingreso y gasto públicos conforme lo determine la Ley Orgánica”.
¿Dónde dice que deben manejar y disponer dinero para resolver problemas sociales y ejecutar obra pública? El problema es que, acostumbrados a hacer lo que se les pega la gana, han desmantelado financieramente –y por tradición- a varias instituciones para adjudicarse, por cabeza, poco más de un millón de pesos al año para este fin. Y nadie dice nada. Gobiernos van y vienen y han sucumbido a su chantaje.
¿Y de sus atribuciones reales? Sí, las de, entre otras cosas, expedir las leyes necesarias para la mejor administración y gobierno interior y suspender ayuntamientos por alguna causa grave (hay muchos casos de corrupción en las comunas), mejor ni hablamos porque seguramente ni las saben.
Me he preguntado siempre: por qué habiendo tanto trabajo en el Congreso están más preocupados en hacer obras públicas; buscan la reelección si, de origen, no cumplieron con el encargo y no asisten -con cualquier argumento- a las sesiones.
La respuesta es simple. Solo se busca llegar a esos cargos para beneficiarse política y económicamente ¿Y el compromiso de servicio con la gente?
Lo cierto es que los diputados son más conocidos por sus escándalos y holgazanerías, que por su labor.
Quienes hoy aspiran, incluyendo los que buscan regresar al próximo Congreso, no deben mentirle a la gente y, por lo menos, deben ofrecer que como congresistas respetarán la ley, aceptar que no son gobierno para manejar y ejecutar programas sociales, pero sobre todo, prometer que asistirán a las sesiones pues se les paga para ello.
Y comprometerse a que el Legislativo volverá a ser la “casa del pueblo” y no un castillo de reyezuelos.
El tiempo se agota; hay que dejar atrás las ambiciones personales y demostrar que, en estos comicios, no solo participan para tener una 'chamba' segura o para ganar dinero sin trabajar. La gente exige diputados serios y responsables que realmente trabajen para crear leyes justas y dejen de pensar que son promotores de obras. Al tiempo.
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EPÍLOGO…
1.- ¿CULPABLES EXONERADOS?... El gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez ya destinó 27 millones de pesos para rehabilitar una parte de lo que queda de la Plaza Bicentenario y entregársela al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Suena bien, el problema estriba en que el Estado destina más dinero para levantar una obra (en la que la administración de Héctor Ortiz Otiz invirtió 400 millones de pesos) que hoy está convertida en ruinas, en guarida de delincuentes, refugio de indigentes, motel de paso, nido de aves, dormitorio de perros y hasta basurero. El inmueble es un desastre y no hay, hasta ahora, un responsable de que, por sus malas decisiones, esté en el abandono y sea un “elefante blanco”. No se vale.
