La mayor parte de los análisis sobre corrupción se mueve en dos dimensiones. La primera es “macro” en la que se observa y estudia a la denominada “gran corrupción”, aquella que está relacionada con la conformación de grandes redes de intereses, involucramiento de perfiles del más alto nivel de responsabilidad pública y privada y el impacto negativo de gran magnitud. La segunda dimensión de análisis es “micro”, ahí destacan los hechos de corrupción, por ejemplo, en las “burocracias a nivel de calle” que tienen mayor contacto con la población dadas las funciones de provisión de bienes, trámites y servicios.
Empero, hay un nivel -aunque ciertamente explorado y reglamentado- relacionado con las funciones administrativas para el funcionamiento interno de las organizaciones, en el que participan niveles medios que no tienen la misma exposición mediática del nivel macro o el acercamiento ciudadano del nivel micro, empero sostiene riesgo alto de corrupción.
Los mandos medios en áreas de apoyo y soporte, administración de recursos (sean materiales, económicos y humanos) solamente al interior de las organizaciones, deben contar con mecanismos de control sólidos. De lo contrario, las afectaciones y la presencia de ilícitos como la malversación o el peculado, se presentarán con mayor frecuencia. En el caso de México, los niveles federal y estatal han comprendido de mejor manera la inherente necesidad de sistemas de control interno eficaces, sin embargo, a nivel municipal todo es muy distinto.
Es conveniente y pertinente -justo en el marco de un proceso electoral abierto- debatir sobre cuáles son los mecanismos de control, monitoreo y auditoría que se aplican a nivel de los gobiernos locales. Esta es una ventana de oportunidad para: analizar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que en su artículo 12 determina la obligación de que los Estados parte adopten medidas legislativas para controlar el delito de malversación y peculado; mejorar los mecanismos de control al ejercicio del gasto y revisar las capacidades instaladas de los órganos internos de control en todas las organizaciones públicas.
Si bien es cierto que la corrupción en el sector público tiene consecuencias directas en la provisión de bienes y servicios y, por tanto, en la calidad de vida de las personas, la corrupción en el sector privado también es un asunto de interés público. Es necesario plantear dudas genuinas relacionadas con cómo la corrupción en el sector privado impacta en la vida colectiva de las personas. Es decir, si se tiene a agrupaciones de privados corruptas, que a su vez se relacionan con gobiernos, cuánto podría estar incrementando la posibilidad de contubernio y hechos de corrupción entre ambos.
Al respecto, la Encuesta de Mecanismos Contra la Corrupción da una idea de las percepciones generadas en México sobre corrupción en el sector empresarial. Los encuestados tienen una percepción sostenida en el período de 2019 a 2022; el 52 % de las personas considera que hay “mucha” corrupción entre los grandes empresarios, mientras que solamente el 3 % cree que no hay corrupción. Es demostrativo de la percepción negativa que la mayor parte de la población tiene sobre los grandes espacios de toma de decisiones. Ahí, el sector privado no es la excepción. Los datos demuestran que la corrupción no es exclusiva de los gobiernos, también se distribuye la responsabilidad hacia otros actores.
En el corto plazo, es necesario que se conforme una gran coalición pública-privada que se posicione en favor de la ética en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sobre todo, conformar espacios de seguimiento, monitoreo y sanción eficaces en el tratamiento de un problema tan complejo como la corrupción.
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