El hecho por sí solo es sorprendente y si le escarbamos un poco más a fondo, ha dejado más preguntas que respuestas.
Que 726 migrantes hayan sido descubiertos en una bodega en obra negra en territorio tlaxcalteca resulta inverosímil porque no hay registro de algo parecido en la historia reciente de Tlaxcala en los últimos 30 años.
El antecedente más cercano es quizá el aseguramiento ocurrido el 6 de mayo de 2022, cuando autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) frenaron el paso de 431 centroamericanos que viajaban en dos tráileres con doble semirremolque sobre la carretera Puebla-Tlaxcala y los trasladaron al auditorio de Ixtacuixtla.
Para nadie es desconocido que Tlaxcala es paso obligado de migrantes que buscan hacer realidad a costa de lo que sea el tan anhelado sueño americano; incluso, existen registros del tránsito de personas de por lo menos 20 naciones -tanto de Centroamérica, Sudamérica y hasta de África-, movidas por la inseguridad y el desempleo.
Pero una cosa es el paso de migrantes motu proprio y otra, muy distinta, el tráfico de personas. Y es aquí donde debemos detenernos para preguntarnos quién o quiénes están detrás de esta actividad ilícita que resulta muy rentable para los llamados “polleros” al cobrarles considerables sumas de dinero con la promesa de cruzarlos hacia los Estados Unidos.
¿Desde cuándo Tlaxcala es base en el tráfico de migrantes de la frontera sur al norte del país? ¿Qué pasa con los servicios de inteligencia que no advirtieron de esto? ¿Quiénes están coludidos? ¿De qué banda son víctimas esas personas? ¿Cómo es que llegaron a Tlaxcala después de siete días de viaje sin que ninguna autoridad se diera cuenta, si consideramos el número de personas? ¿Cuánto pagó cada una para este frustrado viaje? ¿Dónde los engancharon?
Son sólo algunas preguntas que se suman a una igual de importante: ¿quién es su gancho en Tlaxcala? Las autoridades están obligadas a investigar a fondo, caiga quien caiga.
“EN LA MIRA”
Lo dijo el vecero del gobierno estatal: el expresidente municipal de Cuaxomulco y gerente en Huamantla de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), Javier Serrano Sánchez “está en la mira”… y tiene mucho que aclarar.
El hecho de que la bodega en la que fueron ocultados los migrantes sea presuntamente de su propiedad, resulta gravísimo y requiere no nada más de una simple explicación, sino de una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, aunque del paradero del exmunícipe nada se sabe hasta ahora.
El gobierno del estado justificó la ausencia laboral de Javier Serrano con una solicitud de licencia médica expedida y válida en diciembre último para atender padecimientos de salud, misma que le fue ampliada el 2 de enero de 2024 y vence el próximo día 29.
Sin embargo, para los pobladores de Cuaxomulco eso no es más que una argucia para tratar de “tapar el sol con un dedo”: los lugareños afirman que su vecino goza de cabal salud y apenas unos minutos antes del descubrimiento de los migrantes habría acudido a la bodega a bordo de una camioneta tipo Ranger, color blanco y con logotipos de la Coeprist que utiliza para sus actividades personales.
No solo eso, horas antes de la llegada de los migrantes, el exalcalde presuntamente fue visto haciendo limpieza de esa bodega y habría ordenado la instalación de módulos sanitarios móviles.
Todo eso ¿para qué y por qué?
Lo que nadie puede ocultar es que Javier Serrano gobernó Cuaxomulco de 2017 a agosto de 2021 impulsado por el Partido Alianza Ciudadana.
De las personas defraudadas en su gobierno con la promesa de construir cuartos rosas y el nepotismo al contratar a familiares, mejor ni hablamos.
Javier Serrano tiene mucho que explicar y lo deseable es que no sea encubierto, como lo prometieron autoridades estatales.
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