Este 20 de julio serán difundidas las nuevas estadísticas oficiales en materia de seguridad y es previsible que Tlaxcala nuevamente repita el primer lugar como el estado con el menor número de delitos.
Sin embargo, que la entidad sea la más segura (o la menos insegura del país, según el cristal con que se mire), no quiere decir que la ciudadanía perciba lo mismo.
Y es que mientras las autoridades estatales hacen de todo con tal de decirle a la ciudadanía que existe un #TlaxcalaSeguro, la necia realidad se impone cada día con mayor frecuencia.
Si tomamos como referencia la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al segundo trimestre de 2022, dada a conocer ayer, el 53.1 por ciento de la población de 18 años en adelante consideró que es inseguro vivir en Tlaxcala capital.
A ello se suma que el 81.1 por ciento se sintió inseguro en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el 61.1 por ciento en el transporte público y el 73.2 por ciento en el banco, pero no solo eso, el 56.5 por ciento de la ciudadanía de Tlaxcala cree que la delincuencia seguirá igual o empeorará en los próximos 12 meses.
HARTAZGO SOCIAL
Con esos números estadísticos: ¿cómo decirle a habitantes de Tlaltelulco que Tlaxcala es un estado seguro, si un menor de edad estuvo a punto de ser secuestrado? Hecho que derivó en un violento enfrentamiento entre policías y pobladores el 8 de julio, al ser rescatada la presunta secuestradora en medio de golpes.
¿Cómo decir a familiares de Quirino N. que se hará justicia por su muerte ocurrida el domingo 17 de julio en los separos preventivos de Xaltocan? Si tomamos en cuenta que el comandante en turno acusado de la arbitraria detención es cuñado del alcalde neomorenista, José Luis Hernández Vázquez.
Ambos casos ocurridos en menos de 10 días son el vivo reflejo del hartazgo social con el que vive la ciudadanía tlaxcalteca.
Una similitud más entre Tlaltelulco y Xaltocan son sus alcaldes, quienes en campaña presumieron tener solución a los males sociales, pero al llegar al cargo escondieron la cabeza, cual avestruz, para ceder la responsabilidad de la seguridad al gobierno estatal.
La mandataria Lorena Cuéllar tiene toda la razón cuando dice que para que la incidencia delictiva se mantenga a la baja, es necesario que los presidentes municipales asuman su responsabilidad y brinden la seguridad que demandan sus gobernados, mientras que el Ejecutivo asume la obligación de estar cerca y respaldar.
Pero no todos los alcaldes reman parejo con el Gobierno del Estado y se han convertido en un dolor de muelas, dejando de manifestó que si bien algunos fueron buenos candidatos en 2021, en menos de un año se comprobó que son pésimas autoridades.
Basta con voltear a Tlaxcala capital, Chiautempan, Zacatelco, Tlaltelulco, Xaltocan, Tlaxco, Nanacamilpa y Calpulalpan, por citar algunos, para comprobarlo.
#NoEstánSolos
Mientras autoridades presentaron el “Protocolo de actuación en caso de linchamientos, cierres carreteros por manifestaciones y el nuevo modelo de justicia cívica”, pobladores de San Pedro Tlalcuapan mantienen viva su exigencia de liberación de sus líderes sociales, el presidente de comunidad Saúl N. y su “tiaxca” Raymundo N., a quienes ya califican como “presos políticos”.
Tuvo que ser linchado un hombre el pasado “viernes santo” (15 de abril) y ser detenidos dos presuntos implicados para que la entidad contara con un protocolo al que, de momento, se le da el beneficio de la duda, pues en los conflictos recientes de Tlaltelulco y Xaltocan, nomás no se le vio forma a la actuación policial y actuaron más como represores que como autoridades que privilegian la legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos.
Mientras tanto, habitantes de Tlalcuapan ya advirtieron que no cesaran en su exigencia de justicia y mostraran su respaldo a sus líderes detenidos arengando que: “no están solos”.
La pregunta aquí es si la Procuraduría de Tlaxcala también hará detenciones por el linchamiento de Ulises N. y Eduardo N., ocurridos el 18 y 28 de febrero pasados en San Cosme Mazatecochco; el de Irving N. el 20 de junio de 2018 en San Pablo del Monte; el de Juan Manuel N. el 1 de diciembre de 2018; el de dos hermanos de Tenancingo el 7 de septiembre de 2019; el del 29 de agosto de 2020 en Apizaco, entre muchos otros casos más que se mantienen impunes.
