De acuerdo con el estudio denominado “Índice Global de Impunidad 2018”, Tlaxcala fue uno de los estados donde aumentó el nivel de impunidad, al grado de elevar al estándar donde se considera “muy alto”, ubicándose en el lugar número 20.
Este estudio demuestra que el nivel de impartición de justicia es deficiente, tanto en su estructura como en su funcionamiento. Además, registra una cifra negra que alcanza el 94.21, muy arriba de la media nacional, pues la ciudadanía simplemente no denuncia, pues prevalece la percepción de que la justicia es lenta, burocrática y cara.
Y aquí están los datos. De acuerdo con este estudio, se dieron a conocer ocho mil tres denuncias por diversos delitos y, de ellos, fueron vinculadas a proceso mil 391 por causas penales; sin embargo, en el aparato de justicia, que hoy sabemos es el más caro del país, solo fueron dictadas 27 sentencias, lo que demuestra a la entidad como una de las que más que tiene inconsistencias y rezago en materia de impartición de justicia.
Así, la “burocracia dorada” en la que se han convertido los impartidores de justicia en nuestro estado.
Aunque digan lo contrario, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala es la burocracia mejor pagada en la entidad, y ahora sabemos es una de las más caras en toda la república mexicana. Sin embargo, “el impulso procesal” como técnicamente le han denominado a la práctica de entregar dinero para que un asunto sea agilizado, se ha convertido en una maña al interior de ese poder.
Lo anterior así lo reflejó el estudio realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el año 2014, donde además nos indica que cerca del 80 % de la ciudadanía tlaxcalteca no tiene confianza en esa institución, pues sabe que la corrupción es un mecanismo institucionalizado para que una situación jurídica pueda resolverse a su favor.
Sin embargo, el “imberbe” magistrado Héctor Maldonado Bonilla, quien despacha como Presidente de ese Poder Público, en una más de sus ocurrencias, y una vez que fue balconeado a nivel nacional por los altos salarios que devengan (en esta etapa de la cuarta transformación), salió a defender lo indefendible.
De hecho, señaló como responsables de que se les haya asignado ese “mega-salario”, al Congreso del Estado, y como no convencía le echó la culpa a la secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo, explicaciones pueriles que no convencieron a nadie, por eso al verse acorralado en su mismo oscurantismo, recurrió a uno de los últimos recursos que solo los funcionarios déspotas hacen, amenazar a los medios de comunicación de demandarlos por daño moral por no verificar sus fuentes, por no hacer un análisis serio de la información, y así un largo, etcétera.
En verdad de pena ajena que un personaje de esta supuesta hechura intelectual esté al frente de una institución fundamental para el desarrollo del Estado.
EPILOGO
1- IGNORANCIA AL POR MAYOR… Quienes urge se pongan las pilas y dejen de hacer el ridículo, son los diputados integrantes de la LXIII Legislatura, pues en los meses que llevan se han ganado todo tipo de improperios por su negligencia e ignorancia para hacer las cosas.
Marcaron una agenda ambiciosa con más de 100 temas y, a la fecha, no llevan ninguna aprobada.
Y las que han sacado adelante han sido vetadas, al ser inconstitucionales. El caso más reciente fue el recular en su intentona por aprobar la Ley de Movilidad Urbana, que ante la resistencia de los transportistas no les quedó de otra que mandarla a la congeladora.
Con todo y los berrinches que hizo el protagonista diputado Omar Milton López Avendaño, que eso del histrionismo se ve que es lo suyo.
2.- OTRA PIFIA LEGAL. En otra más, los diputados de la cuarta transformación, cometieron otra pifia legal, ya que en el Presupuesto de Egresos 2019 aprobaron que los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tengan un salario neto mensual por la orden de $83, 822.65.
Sin embargo, la Constitución local, en su artículo 96 párrafo quinto, establece que los integrantes del Consejo Consultivo tendrán el carácter de honoríficos.
Aquí el ombuscopión Víctor Manuel Cid del Prado Pineda y su director y administrativo, al presupuestar eso, sabían que era inconstitucional, lo más lamentable es que así fue aprobado, por lo que estamos ante un claro desvío de recursos, lo cual es tipificado como delito, (simplemente es un acto de corrupción) donde todos tienen responsabilidad, tanto el copión como los consejeros, el administrativo y los legisladores. Para colmo, el carácter de honorifico así está regulado en todo el país y a nivel federal, en menudo lío los metió su ignorancia.
Pero eso sí, el titular de estudios legislativos, Raúl Pluma Ríos, se encuentra más ocupado en operar su despacho privado como facilitador en materia civil, familiar y mercantil que en asesorar a sus jefes. ¿Acaso no hay conflicto de interés al fungir como funcionario público y, a la vez, operar un despacho privado?
Hasta el próximo martes!
Aunque digan lo contrario, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala es la burocracia mejor pagada en la entidad, y ahora sabemos es una de las más caras en toda la república mexicana. Sin embargo, “el impulso procesal” como técnicamente le han denominado a la práctica de entregar dinero para que un asunto sea agilizado, se ha convertido en una maña al interior de ese poder.
