/ martes 13 de octubre de 2020

Tintero | La lucha por la gubernatura

Hace algunos años, la competencia era diferente. Se peleaban a muerte. Había unos cuantos, todos buscaban la gubernatura, ahora son muchos.

En 1993 todos buscaban ese puesto y el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León le dijo, en Palacio Nacional, al gobernador José Antonio Álvarez Lima, que no sería Joaquín Cisneros el Ejecutivo estatal, que sería Alfonso Sánchez Anaya, y también le soltó que, para México, sería Vicente Fox, no Francisco Labastida. Y así fue.

Hoy la buscan Anabell Ávalos Zempoalteca, Juan Sánchez García, Lorena Cuéllar Cisneros, Joel Molina, Minerva Hernández y Adriana Dávila. Ya veremos quién es la buena o el bueno.

EL TEMA DE LA TRATA

Las autoridades estatales podrán decir misa, pero en los operativos para capturar ‘padrotes’ en la zona sur de la entidad siempre han sido ignoradas no solo por el Gobierno de la República sino por instancias internacionales quienes, sin problema alguno y con la anuencia de la Federación, entran a la entidad a territorio de ‘califas’.

No ha pasado tiempo de que el gobierno de Marco Antonio Mena se sumó a la campaña de la ONU contra la trata de personas cuando fuerzas federales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ‘tomaron por asalto’ Tenancingo para detener a varios ‘padrotes’.

Nadie aquí fue informado. Y es que, en este tema, nadie cree en las autoridades locales porque, por muchos años, lo han ocultado. Ante la desconfianza federal e internacional, la actual administración estatal está más que obligada a ejercer acciones que den certeza y seguridad a la gente de que, frente este ‘cáncer social’, se está haciendo todo no solo para combatirlo sino erradicarlo.

Sin que sea su responsabilidad total sobre todo porque la mayor parte de su vida profesional la ejerció fuera de la entidad, Mena ha pasado a formar parte de la lista de gobernadores que no son tomados en cuenta en operativos especiales contra la trata de personas. Explico:

1.- Desde 1991, el Federal Bureau of Investigation (FBI) –por sus siglas en inglés- investigaba a varios miembros de la familia Carreto de Tenancingo, dedicados al tráfico de personas y que operaban, no solo en Tlaxcala sino en Nueva York.

Desde ese año hasta 2005, esos hampones nunca fueron molestados por las procuradurías de Justicia de los gobiernos de los priistas Beatriz Paredes Rangel, Samuel Quiroz de la Vega (interino), José Antonio Álvarez Lima, del perredista Alfonso Sánchez Anaya y del panista Héctor Ortiz Ortiz, así que desde EE.UU indagaban si en las más altas esferas gubernamentales se les protegía.

2.- Es más, en 2005, mientras Ortiz Ortiz dormía, agentes del FBI realizaron un operativo sigiloso para detener a varios miembros de esa familia. El día de la aprehensión, EE.UU. solicitó al gobierno de Felipe Calderón silencio absoluto, pues sospechaba que mandos policiacos locales y algunos federales solapaban y protegían a los Carreto.

3.-En 2015, el entonces gobernador Mariano González Zarur hizo el berrinche de su vida cuando por la prensa nacional se enteró –por declaraciones del entonces embajador de EE.UU en México, Anthony Wayne- que en forma sigilosa, la Embajada y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), realizaron un TechCamp (campamento tecnológico) de combate a la trata de personas, en el que participaron innovadores tecnólogos mexicanos y organizaciones sociales para desarrollar nuevos conceptos sobre cómo nuevas herramientas pueden promover la lucha contra este mal.

En 72 horas, las primeras de diciembre, EE.UU desplegó proyectos para utilizar tecnologías de bajo costo y de fácil implementación que ayudarían a sus organizaciones en el trabajo día a día para luchar contra la trata humana. Y de eso ni el Ejecutivo estatal se enteró.

Lo cierto es que el de la trata de personas no es un problema menor y si bien mucho se ha hablado de él, es evidente que las autoridades locales han fracasado totalmente para enfrentar con eficiencia el tráfico de mujeres, principalmente menores de edad que son vendidas para su explotación sexual por unos 50 mil pesos.

Ya vimos que no es suficiente sumarse a campañas mediáticas como aquella de pintar de azul las fachadas de las oficinas públicas en solidaridad contra la trata de personas si todos los días surgen más moteles y antros de mala muerte y si la llamada 'moderna esclavitud' persiste y crece, resultado de que se hereda de padres a hijos, de hijos a nietos y de nietos a bisnietos -como si fuera oficio o tradición-, esto ante la miopía e indiferencia de las autoridades. Al tiempo.

Hace algunos años, la competencia era diferente. Se peleaban a muerte. Había unos cuantos, todos buscaban la gubernatura, ahora son muchos.

En 1993 todos buscaban ese puesto y el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León le dijo, en Palacio Nacional, al gobernador José Antonio Álvarez Lima, que no sería Joaquín Cisneros el Ejecutivo estatal, que sería Alfonso Sánchez Anaya, y también le soltó que, para México, sería Vicente Fox, no Francisco Labastida. Y así fue.

Hoy la buscan Anabell Ávalos Zempoalteca, Juan Sánchez García, Lorena Cuéllar Cisneros, Joel Molina, Minerva Hernández y Adriana Dávila. Ya veremos quién es la buena o el bueno.

EL TEMA DE LA TRATA

Las autoridades estatales podrán decir misa, pero en los operativos para capturar ‘padrotes’ en la zona sur de la entidad siempre han sido ignoradas no solo por el Gobierno de la República sino por instancias internacionales quienes, sin problema alguno y con la anuencia de la Federación, entran a la entidad a territorio de ‘califas’.

No ha pasado tiempo de que el gobierno de Marco Antonio Mena se sumó a la campaña de la ONU contra la trata de personas cuando fuerzas federales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ‘tomaron por asalto’ Tenancingo para detener a varios ‘padrotes’.

Nadie aquí fue informado. Y es que, en este tema, nadie cree en las autoridades locales porque, por muchos años, lo han ocultado. Ante la desconfianza federal e internacional, la actual administración estatal está más que obligada a ejercer acciones que den certeza y seguridad a la gente de que, frente este ‘cáncer social’, se está haciendo todo no solo para combatirlo sino erradicarlo.

Sin que sea su responsabilidad total sobre todo porque la mayor parte de su vida profesional la ejerció fuera de la entidad, Mena ha pasado a formar parte de la lista de gobernadores que no son tomados en cuenta en operativos especiales contra la trata de personas. Explico:

1.- Desde 1991, el Federal Bureau of Investigation (FBI) –por sus siglas en inglés- investigaba a varios miembros de la familia Carreto de Tenancingo, dedicados al tráfico de personas y que operaban, no solo en Tlaxcala sino en Nueva York.

Desde ese año hasta 2005, esos hampones nunca fueron molestados por las procuradurías de Justicia de los gobiernos de los priistas Beatriz Paredes Rangel, Samuel Quiroz de la Vega (interino), José Antonio Álvarez Lima, del perredista Alfonso Sánchez Anaya y del panista Héctor Ortiz Ortiz, así que desde EE.UU indagaban si en las más altas esferas gubernamentales se les protegía.

2.- Es más, en 2005, mientras Ortiz Ortiz dormía, agentes del FBI realizaron un operativo sigiloso para detener a varios miembros de esa familia. El día de la aprehensión, EE.UU. solicitó al gobierno de Felipe Calderón silencio absoluto, pues sospechaba que mandos policiacos locales y algunos federales solapaban y protegían a los Carreto.

3.-En 2015, el entonces gobernador Mariano González Zarur hizo el berrinche de su vida cuando por la prensa nacional se enteró –por declaraciones del entonces embajador de EE.UU en México, Anthony Wayne- que en forma sigilosa, la Embajada y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), realizaron un TechCamp (campamento tecnológico) de combate a la trata de personas, en el que participaron innovadores tecnólogos mexicanos y organizaciones sociales para desarrollar nuevos conceptos sobre cómo nuevas herramientas pueden promover la lucha contra este mal.

En 72 horas, las primeras de diciembre, EE.UU desplegó proyectos para utilizar tecnologías de bajo costo y de fácil implementación que ayudarían a sus organizaciones en el trabajo día a día para luchar contra la trata humana. Y de eso ni el Ejecutivo estatal se enteró.

Lo cierto es que el de la trata de personas no es un problema menor y si bien mucho se ha hablado de él, es evidente que las autoridades locales han fracasado totalmente para enfrentar con eficiencia el tráfico de mujeres, principalmente menores de edad que son vendidas para su explotación sexual por unos 50 mil pesos.

Ya vimos que no es suficiente sumarse a campañas mediáticas como aquella de pintar de azul las fachadas de las oficinas públicas en solidaridad contra la trata de personas si todos los días surgen más moteles y antros de mala muerte y si la llamada 'moderna esclavitud' persiste y crece, resultado de que se hereda de padres a hijos, de hijos a nietos y de nietos a bisnietos -como si fuera oficio o tradición-, esto ante la miopía e indiferencia de las autoridades. Al tiempo.

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