/ martes 12 de noviembre de 2019

Tintero | No hay seriedad

El Congreso del Estado ha emitido la convocatoria para designar la vacante que, en el mes de enero del 2020, habrá de dejar la todavía comisionada Mónica Cuamatzi Hernández.

Sin embargo, la seriedad y responsabilidad con la que se debe desarrollar este procedimiento ha quedado en entredicho, pues a las comisiones unidas que emitieron la convocatoria se les ocurrió la idea de designar como integrante de sínodo para este delicado tema, a la integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Lucero Romero Mora, lo cual rompe con el principio de imparcialidad que debe imperar en este tipo de procedimientos legislativos.

Explico por qué: Los expertos en derecho constitucional dicen que, en los procesos de designación de funcionarios por parte de una Soberanía Legislativa, los sínodos deben ser especialistas o expertos en la materia afín, pero sobre todo ajenos de toda relación laboral en el Estado de que se trate.

Esto para preservar el principio constitucional de imparcialidad.

Si Lucero Romero Mora, como parte del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, tuviera un sesgo de profesionalismo hubiera dimitido de participar, pues además de que su presencia rompe con el principio de imparcialidad, ella sabe que su intervención pueda provocar a un conflicto de interés.

Ante este panorama, el conflicto de interés -que por cierto para eso fue creado el Sistema Estatal Anticorrupción-, se da porque su mera intervención como sínodo en este proceso de selección pone en riesgo la integridad de las decisiones, pues su participación genera sospechas que pueden influir indebidamente en la designación que haga esa Soberanía y en el manual que al efecto ha expedido la Secretaría de la Función Pública como parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción.

Si bien los diputados locales nos tienen acostumbrados a su ignorancia, resulta grave que una servidora pública que fue impuesta en ese cargo para combatir la corrupción, se convierta en generadora de un conflicto de interés que supone debe combatir. El mundo al revés.

EPÍLOGO...

1.- LO QUE EMPEZÓ MAL... Ya que hablamos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, dicen que solo es cuestión de semanas para que el todavía gris presidente de ese organismo garante, Didier Fabián López Sánchez, deje ese cargo.

Y es que la justicia federal pronto resolverá la demanda de amparo que en su momento interpuso Marlene Alonso Meneses, entonces titular y, ante las graves fallas en el procedimiento cometidas por el Congreso del Estado, se prevé que les den palo como se dice en el argot jurídico. Al tiempo.

Hasta el próximo martes

El Congreso del Estado ha emitido la convocatoria para designar la vacante que, en el mes de enero del 2020, habrá de dejar la todavía comisionada Mónica Cuamatzi Hernández.

Sin embargo, la seriedad y responsabilidad con la que se debe desarrollar este procedimiento ha quedado en entredicho, pues a las comisiones unidas que emitieron la convocatoria se les ocurrió la idea de designar como integrante de sínodo para este delicado tema, a la integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Lucero Romero Mora, lo cual rompe con el principio de imparcialidad que debe imperar en este tipo de procedimientos legislativos.

Explico por qué: Los expertos en derecho constitucional dicen que, en los procesos de designación de funcionarios por parte de una Soberanía Legislativa, los sínodos deben ser especialistas o expertos en la materia afín, pero sobre todo ajenos de toda relación laboral en el Estado de que se trate.

Esto para preservar el principio constitucional de imparcialidad.

Si Lucero Romero Mora, como parte del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, tuviera un sesgo de profesionalismo hubiera dimitido de participar, pues además de que su presencia rompe con el principio de imparcialidad, ella sabe que su intervención pueda provocar a un conflicto de interés.

Ante este panorama, el conflicto de interés -que por cierto para eso fue creado el Sistema Estatal Anticorrupción-, se da porque su mera intervención como sínodo en este proceso de selección pone en riesgo la integridad de las decisiones, pues su participación genera sospechas que pueden influir indebidamente en la designación que haga esa Soberanía y en el manual que al efecto ha expedido la Secretaría de la Función Pública como parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción.

Si bien los diputados locales nos tienen acostumbrados a su ignorancia, resulta grave que una servidora pública que fue impuesta en ese cargo para combatir la corrupción, se convierta en generadora de un conflicto de interés que supone debe combatir. El mundo al revés.

EPÍLOGO...

1.- LO QUE EMPEZÓ MAL... Ya que hablamos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, dicen que solo es cuestión de semanas para que el todavía gris presidente de ese organismo garante, Didier Fabián López Sánchez, deje ese cargo.

Y es que la justicia federal pronto resolverá la demanda de amparo que en su momento interpuso Marlene Alonso Meneses, entonces titular y, ante las graves fallas en el procedimiento cometidas por el Congreso del Estado, se prevé que les den palo como se dice en el argot jurídico. Al tiempo.

Hasta el próximo martes

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