/ miércoles 28 de noviembre de 2018

CARAS Y MÁSCARAS

Radical reforma de la Administración Pública Federal

El pasado jueves 22 de noviembre, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en lo general, por 72 votos de Morena y sus aliados del PT y el PES, un paquete de profundas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer la nueva estructura de los órganos de gobierno que requiere el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de ejercer el poder ejecutivo a partir del próximo 1 de diciembre.

Al fundamentar el decreto a nombre de la Comisión de Gobernación, el senador Cristóbal Arias Solís (Morena) explicó que las reformas y adiciones son necesarias para integrar la estructura de la Administración Pública Federal requerida para dar respuesta a los reclamos y demandas más sentidas de la sociedad mexicana en materia de seguridad, justicia y bienestar económico y social.

Entre los principales cambios resultantes de la actualización de la ley se encuentran los siguientes:

+ El primer mandatario será el coordinador general de los programas para el desarrollo.

+ El presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales vía decretos

+ La Secretaría de Bienestar sustituirá a la de Desarrollo Social (Sedesol), con el propósito de articular el trabajo armónico de las dependencias de la Administración Pública Federal vinculadas a una nueva estrategia que garantice el ejercicio pleno de los derechos básicos y fundamentales a la salud, seguridad, educación y cultura, entre otros.

+ Se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque durante las pasadas y presentes administraciones se demostró que el uso de la fuerza sin una estrategia coordinada ha dado como resultado acciones ineficaces, que sólo han exacerbado el clima de violencia y de criminalidad, afirmó el legislador mencionado.

+ El poder ejecutivo federal crea la figura de los coordinadores estatales de programas sociales que tendrá en las entidades para coordinar e implementar planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, supervisión de servicios y programas a cargo de las dependencias y entidades, y los programas de beneficio directo a la población. A esta figura se le ha dado el nombre de “superdelegados”.

+ El ejecutivo federal definirá las políticas de informática, tecnologías de la información y comunicación, y de gobierno digital del gobierno federal. Formulará y conducirá a la política de comunicación social del gobierno federal, y difundirá y proyectará el derecho a la memoria de la nación.

+ Se faculta a la Secretaría de Hacienda para, entre otros puntos, evaluar y vigilar el sistema bancario del país y conducir la política general en materia de contrataciones públicas.

La oposición del PAN, PRI y MC votó en contra de la minuta enviada por la Cámara de Diputados y de las anteriores medidas la que mayor oposición generó fue la relacionada con los “superdelegados”.

Al respecto, la senadora del PAN Nadia Navarro Acevedo argumentó que los “superdelegados” concentrarán el control prácticamente de todos los programas sociales del gobierno federal, con especial énfasis en aquellos que benefician directamente al pueblo de México.

“La concentración de tal cantidad de poder político, presupuestal y de fuerza pública en una sola persona evidentemente rivalizará con los gobernadores, que legítimamente han sido electos en los estados y que son reconocidos por los ciudadanos como las máximas autoridades”, expuso.

A su vez, por el PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel demandó que la estrategia de seguridad pública del próximo gobierno no atropelle a los gobiernos locales ni “convierta a los gobernadores en figuras decorativas, en una tarea en la que es fundamental su colaboración comprometida”, pretendiendo convertir a los “superdelegados” en autoridades en la materia.

La creación de la Secretaría de Seguridad, dijo, “no debería implicar el desmantelamiento de la Secretaría de Gobernación”, que “queda fatalmente vulnerada, pues se distribuyen atribuciones sustantivas de la misma entre la Oficina de la Presidencia y otras secretarías de Estado.

“Que los signos de concentración y centralización excesiva no devengan en autoritarismo. El mandato popular fue para acrecentar y consolidar la democracia, no para retroceder. Los senadores somos representantes del pacto federal. Les pido que honremos esa representación”, expresó a sus colegas.

Un hecho que cabe resaltar fue que, a propuesta de Ricardo Monreal Ávila y Olga Sánchez Cordero, coordinador de la bancada de Morena y próxima secretaria de Gobernación, respectivamente, se modificó el artículo 27 del decreto -resultante del ejercicio legislativo que se comenta-, en su fracción VIII, y se eliminó así el intento de facultar a la Segob para proveer del servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.

Lo aprobado por la Cámara de Diputados, y debatido en la de Senadores, indicaba que correspondería a la Secretaría de Gobernación administrar el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; “proveer” el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias.

La propuesta de modificación al dictamen mencionada fue para quitar el punto que indicaba que la Segob tenía la facultad de “proveer” el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.

“En atención a los diversos señalamientos de todos los actores, sociales, académicos, en materia de medios, de los derechos de las audiencias; el día de hoy, en este momento estoy proponiendo –dijo Monreal en la tribuna- la reserva para que se elimine la referencia… con el fin de regresar a la redacción original de la iniciativa y mantener, como hasta ahora se ha tenido, la disposición normativa que todos conocemos”, apuntó el senador.

El investigador Raúl Trejo Delarbre consideró que el cambio fue un triunfo. “Pequeño, pero en las actuales condiciones significativo, de las organizaciones sociales y los trabajadores de los medios públicos, que supieron reconocer la amenaza que esa disposición significaba para los medios de carácter público”, indicó en su cuenta de Twitter.


Radical reforma de la Administración Pública Federal

El pasado jueves 22 de noviembre, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en lo general, por 72 votos de Morena y sus aliados del PT y el PES, un paquete de profundas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer la nueva estructura de los órganos de gobierno que requiere el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de ejercer el poder ejecutivo a partir del próximo 1 de diciembre.

Al fundamentar el decreto a nombre de la Comisión de Gobernación, el senador Cristóbal Arias Solís (Morena) explicó que las reformas y adiciones son necesarias para integrar la estructura de la Administración Pública Federal requerida para dar respuesta a los reclamos y demandas más sentidas de la sociedad mexicana en materia de seguridad, justicia y bienestar económico y social.

Entre los principales cambios resultantes de la actualización de la ley se encuentran los siguientes:

+ El primer mandatario será el coordinador general de los programas para el desarrollo.

+ El presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales vía decretos

+ La Secretaría de Bienestar sustituirá a la de Desarrollo Social (Sedesol), con el propósito de articular el trabajo armónico de las dependencias de la Administración Pública Federal vinculadas a una nueva estrategia que garantice el ejercicio pleno de los derechos básicos y fundamentales a la salud, seguridad, educación y cultura, entre otros.

+ Se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque durante las pasadas y presentes administraciones se demostró que el uso de la fuerza sin una estrategia coordinada ha dado como resultado acciones ineficaces, que sólo han exacerbado el clima de violencia y de criminalidad, afirmó el legislador mencionado.

+ El poder ejecutivo federal crea la figura de los coordinadores estatales de programas sociales que tendrá en las entidades para coordinar e implementar planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, supervisión de servicios y programas a cargo de las dependencias y entidades, y los programas de beneficio directo a la población. A esta figura se le ha dado el nombre de “superdelegados”.

+ El ejecutivo federal definirá las políticas de informática, tecnologías de la información y comunicación, y de gobierno digital del gobierno federal. Formulará y conducirá a la política de comunicación social del gobierno federal, y difundirá y proyectará el derecho a la memoria de la nación.

+ Se faculta a la Secretaría de Hacienda para, entre otros puntos, evaluar y vigilar el sistema bancario del país y conducir la política general en materia de contrataciones públicas.

La oposición del PAN, PRI y MC votó en contra de la minuta enviada por la Cámara de Diputados y de las anteriores medidas la que mayor oposición generó fue la relacionada con los “superdelegados”.

Al respecto, la senadora del PAN Nadia Navarro Acevedo argumentó que los “superdelegados” concentrarán el control prácticamente de todos los programas sociales del gobierno federal, con especial énfasis en aquellos que benefician directamente al pueblo de México.

“La concentración de tal cantidad de poder político, presupuestal y de fuerza pública en una sola persona evidentemente rivalizará con los gobernadores, que legítimamente han sido electos en los estados y que son reconocidos por los ciudadanos como las máximas autoridades”, expuso.

A su vez, por el PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel demandó que la estrategia de seguridad pública del próximo gobierno no atropelle a los gobiernos locales ni “convierta a los gobernadores en figuras decorativas, en una tarea en la que es fundamental su colaboración comprometida”, pretendiendo convertir a los “superdelegados” en autoridades en la materia.

La creación de la Secretaría de Seguridad, dijo, “no debería implicar el desmantelamiento de la Secretaría de Gobernación”, que “queda fatalmente vulnerada, pues se distribuyen atribuciones sustantivas de la misma entre la Oficina de la Presidencia y otras secretarías de Estado.

“Que los signos de concentración y centralización excesiva no devengan en autoritarismo. El mandato popular fue para acrecentar y consolidar la democracia, no para retroceder. Los senadores somos representantes del pacto federal. Les pido que honremos esa representación”, expresó a sus colegas.

Un hecho que cabe resaltar fue que, a propuesta de Ricardo Monreal Ávila y Olga Sánchez Cordero, coordinador de la bancada de Morena y próxima secretaria de Gobernación, respectivamente, se modificó el artículo 27 del decreto -resultante del ejercicio legislativo que se comenta-, en su fracción VIII, y se eliminó así el intento de facultar a la Segob para proveer del servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.

Lo aprobado por la Cámara de Diputados, y debatido en la de Senadores, indicaba que correspondería a la Secretaría de Gobernación administrar el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; “proveer” el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias.

La propuesta de modificación al dictamen mencionada fue para quitar el punto que indicaba que la Segob tenía la facultad de “proveer” el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.

“En atención a los diversos señalamientos de todos los actores, sociales, académicos, en materia de medios, de los derechos de las audiencias; el día de hoy, en este momento estoy proponiendo –dijo Monreal en la tribuna- la reserva para que se elimine la referencia… con el fin de regresar a la redacción original de la iniciativa y mantener, como hasta ahora se ha tenido, la disposición normativa que todos conocemos”, apuntó el senador.

El investigador Raúl Trejo Delarbre consideró que el cambio fue un triunfo. “Pequeño, pero en las actuales condiciones significativo, de las organizaciones sociales y los trabajadores de los medios públicos, que supieron reconocer la amenaza que esa disposición significaba para los medios de carácter público”, indicó en su cuenta de Twitter.