La semana pasada, el Gobernador Marco Mena se reunió con Leonel Efraín Cota Montaño, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), a quien planteó la posibilidad de establecer proyectos conjuntos entre los gobiernos federal y estatal que fortalezcan las estrategias en materia de seguridad pública.
Durante este encuentro, acordaron analizar los programas que actualmente operan los dos órdenes de gobierno para identificar áreas de oportunidad que mejoren el equipamiento de las corporaciones de seguridad pública y la infraestructura destinada a la protección de los ciudadanos.
Se trata, sin duda, de una noticia importante que habla del interés del Ejecutivo estatal por atender una de las principales demandas de la ciudadanía.
Días atrás, Marco Mena signó un convenio de colaboración con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que incluyó, entre otros puntos, acciones muy puntuales para inhibir la inseguridad en la zona limítrofe que comparten ambas entidades.
El compromiso principal, en este rubro, fue hacer un uso más eficaz del equipamiento, la infraestructura y las tecnologías de las que disponen ambas entidades, así como de los sistemas de información regionales y nacionales, para el cumplimiento de sus estrategias.
Definitivamente, la responsabilidad de la seguridad pública no puede recaer exclusivamente en un solo ámbito de gobierno. Requiere de un trabajo trasversal en el que cada una de las partes debe contribuir con lo que le toca hacer.
El mes pasado, el gobierno estatal entregó estímulos económicos a agentes del Ministerio Público con certificación, a integrantes de mesas especializadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a personal del C4 y a bomberos que combatieron incendios en La Malinche. También anunció un incremento salarial, con retroactivo al mes de enero, de 5.3% en promedio, para elementos de la policía estatal.
Con una inversión de 34.9 millones de pesos, la administración que encabeza Marco Mena benefició a más de 2 mil 100 elementos de corporaciones policiales y de procuración de justicia, a fin de incentivar a una de las piezas principales para el éxito de la lucha contra el delito.
En virtud de ello, es satisfactorio que las estadísticas oficiales expresen el esfuerzo que hacen las autoridades por mantener a raya la actividad delictiva.
Justamente, al cierre de agosto, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador identificó que Tlaxcala se posicionó en el primer lugar nacional en la variación de incidencia delictiva, con una reducción del 37.7 por ciento en la comparativa anual con el mismo periodo del año anterior.
Las cifras del gobierno federal demuestran que la entidad también se mantuvo en el segundo lugar nacional con menor incidencia delictiva, tanto en cifras absolutas, como en la tasa por cada 100 mil habitantes.
Que Tlaxcala se mantenga como una de las entidades más seguras en el contexto nacional no es algo fortuito: es la consecuencia de las acciones coordinadas que impulsa el Gobierno del Estado con autoridades federales y municipales.
Ahí tenemos como ejemplo la acción operativa entre la PGJE, la Fiscalía General del Estado de Puebla, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), y la policía municipal de Papalotla, para rescatar sanas y salvas a una mujer y tres menores de edad que fueron víctimas de un secuestro.
Y tal es el impacto de esta actuación que dos instancias también confirman que Tlaxcala hace su tarea en materia de seguridad.
La primera es la Coparmex, cuyo estudio Data-Coparmex, muestra que Tlaxcala es uno de los cinco estados más seguros para los socios de este sindicato patronal. Y la segunda es la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), que destacó a Tlaxcala como el estado que más vehículos robados recupera a nivel nacional, con un índice del 39%.
Es claro que se deben fortalecer los trabajos que desarrollan las áreas encargadas de garantizar la seguridad de las familias y procurar justicia. Pero también es necesario reconocer que hay avances para fortalecer una de las condiciones indispensables para el bienestar de la gente: su seguridad y la de sus familias.
