Hay desesperación social. Litigantes, justiciables y ciudadanos reclaman, del Registro Público de la propiedad y del Comercio del Estado, funcionamiento ágil y honesto. No es exagerado decir que esa Dirección está convertida en un próspero y jugoso negocio de “alguien”. Dependencia de importancia sistémica, porque es el archivo donde descansa la “seguridad jurídica”. Columna central que sostiene al “Estado de Derecho”. Tan estructural que, si no existe o se atrofia, se estremece el edificio de nuestras instituciones estatales. “seguridad jurídica”, equivale a decir “certeza”, en que “yo” soy dueño de “algo” o me “asiste un derecho” del que los demás no pueden despojarme. Así de importante es ese archivo público en donde se asienta la veracidad de la propiedad social. Yo ciudadano, “afianzo mi señorío”, de que “algo” es mío y solo mío. Mi patrimonio lo es, por que está registrado y por eso, “soy dueño y señor”, de lo que poseo. Si esa certeza se extravía, desaparece mi confianza en el Estado de Derecho y mi ánimo de dueño se derrumba. Fundamental para el sistema es la función registral “que se opone a terceros”, que registra y expide certificaciones de sus actos. Esto lo sabe la burocracia que lo opera, por eso proceden con toda mala intención. Debe, por tanto, ser ágil, moderno, seguro, constante y certero.
¡En Tlaxcala estamos mal!, ¡es preocupante! Vea usted si no: con motivo de la pandemia la tramitación ahí, se volvió imposible. Ahora, todo tramite exige cita previa por internet, que le conceden a través de una ventanilla, con la inclemencia del sol, el frío o la lluvia dentro de los próximos diez días, pero si su documentación es incompleta, con acento agrio lo despiden y el ciclo se reinicia. Supongamos que “pasa”, entonces previo pago deberá esperar una semana para la respuesta. Pero en la actualidad ya no permiten consultas a los libros en forma directa. Aunque esos archivos son “públicos”, han pasado a ser “propiedad” de la burocracia. Así es que, si a usted le urge alguna tramitación, alguien por ahí le agilizará mediante una “corta”, depositada en cuenta de tienda de conveniencia, y le gestionará “por debajo de la mesa”, lo urgente y vía WhatsApp le entregarán. Si su información llegó incompleta y usted la requiere en su totalidad, deberá “mocharse” nuevamente. El registro público, ya es un negociote que engorda los bolsillos vaya usted a saber de quién. Es imposible que quien controla desde la Plaza de la Constitución no haya percibido este problema estructural. Los litigantes no quieren alzar la voz, “por que la vayan a agarrar contra mí”. Pero el escándalo es tal, que urge metan mano para acabar con este nido de inmoralidad, por decirlo con diplomacia. Una auditoria administrativa, comprobaría estas afirmaciones. ¡Es inaplazable!, En el Registro Público, descansa la seguridad jurídica, patrimonial y de derechos de los tlaxcaltecas. Ya de por sí, tenemos que soportar que en el Ministerio Público y en la administración de justicia, “las gratificaciones”, “los impulsos procesales”, “las mordidas”, “los moches”, a cada momento se exigen hasta de forma descarada, para que todavía en la oficina donde descansa la seguridad de la propiedad y derechos de los tlaxcaltecas, se trafique con este tipo de “negocios” que a todos afecta y que deja mal parada a las mejores intenciones y promesas.
En el país soplan vientos de cambio y el discurso de la honestidad está en todas las palestras, no pueden quedar solamente en palabrería y promesas las mejores intenciones. ¡Por favor, que alguien haga algo y rápido por que urge!
