Tras la transición a la democracia en nuestro país, se abrió la discusión sobre la necesidad de que muchas de las áreas de acción pública gubernamental salieran de la esfera de control del ejecutivo y pasaran a residir o ser responsabilidad de organismos constitucionalmente autónomos. Dicha estrategia partía del argumento central de que existen áreas de interés que requieren de desarrollo especialmente técnico y dotar de autonomía a dichas organizaciones públicas permite evitar que estén sujetos a lógicas políticas y presiones constantes de dicha naturaleza. El argumento se sostiene con evidencia empírica en materias como: organización electoral, regulación de la competencia económica, derechos humanos, regulación de telecomunicaciones, entre otras.
Sin embargo, el argumento se ha convertido en un hito político de la historia de México, dado que algunos han hecho parecer que podría ser aplicable a todas las materias posibles. Eso es, cuanto menos, una falacia, un argumento falso. En esa tradición de desconfianza al ejercicio del poder y la noción de que autonomía respecto del ejecutivo puede significar despolitización y eficiencia en la atención de problemas públicos, se llegó al extremo de la exigencia de autonomía de las procuradurías de justicia, es decir de los ministerios públicos, del acusador público del Estado.
Desde la óptica de la legitimidad el paso hacia la autonomía del acusador público del Estado significó retirarlo del centro de legitimidad, dado que el ejecutivo es elegido entre la población a partir de la celebración de elecciones, y colocarlo en el vacío. El contraargumento a esta postura es que las fiscalías autónomas tienen esquemas de control suficientes, por ejemplo, la selección del fiscal a partir del consenso en el poder legislativo, sin embargo, eso sigue suponiendo la conformación de un gran poder (investigación de los delitos) solitario y, en ocasiones contrario al resto de las divisiones del poder público.
- Considero que, en la coyuntura del país, es relevante colocar el funcionamiento de las fiscalías, a la luz de su actuación -en muchos casos- deficiente y escudados en la autonomía prácticamente posibilitados de evadir las exigencias de gobernantes y representantes que sí reciben las presiones políticas y sociales.
Es un asunto complejo, sobre todo porque el momento previo a la autonomía de las fiscalías tampoco significó mejores previsiones de investigación y eficiencia en el tratamiento de los casos. Ahí radicó el proyecto autónomo que fincaba su lógica en la captura de estas instituciones por proyectos políticos, agendas personales y hojas de ruta centradas en razones políticas. Es real, el diseño institucional tampoco demostró ser mejor, empero, el actual parece ser aún peor.
Es factible imaginar un diseño de fiscalías que formen parte de la administración pública, pero en la que existan medidas de control parlamentario suficientes para evitar lo que sucedió en el pasado, también que apliquen medidas de transparencia máxima y evaluación del desempeño de tales instituciones. Esta debe ser una decisión política fundamental para lograr contar con una institución suficientemente sólida y legítima para enfrentar la tragedia nacional que se representan en las cifras de los delitos de alto impacto en México.
El resultado del falso argumento de la autonomía en las fiscalías ha sido generar instituciones que se confrontan con los gobernantes democráticamente electos, instituciones con muy baja eficiencia y alejados de un centro de legitimidad identificable. A pesar de que las autonomías instituciones han servido notablemente en otras materias, por ejemplo, la electoral, no implica que su aplicación sea un acierto en todos los casos. En el corto plazo, resulta relevante iniciar un debate nacional acerca de otro rediseño institucional. Es prioritario.
