El Estado como organización política ha encontrado un largo asidero de transformaciones y confrontaciones de posiciones que pugnan por incrementar sus alcances o por colocar límites a la esfera de competencias. Sin embargo, es prácticamente un consenso señalar que la justificación principal del Estado es salvaguardar la vida y la propiedad de los individuos en un entorno de interacción social, por lo que de manera voluntario generan un “contrato social” en el que ceden su soberanía al Estado para que éste sea el que aplique de manera legítima el uso de la fuerza para lograr garantías a la población en un territorio determinado.
Por tanto, los Estados como organizaciones se enfrentan a retos de distintas magnitudes y consecuencias. Contemporáneamente la ideas de Joel Migdal, los ha categorizado en “Estados fuertes y Estados débiles”, en tanto el Estado nacional conceptual y fácticamente se ha transformado, en buena medida por razones exógenas: el fortalecimiento de otras organizaciones de la vida pública, como el mercado, las organizaciones de la sociedad civil, los poderes fácticos; los cuales, ya sea por su control económico y de fuerza armamentista (en el caso de grupos criminales, terroristas o subversivos) se han instalado en franca competencia con los Estados; el debilitamiento de los valores compartidos en el Estado por fenómenos de globalización.
Este debilitamiento del Estado ha generado que la sociedad contemporánea, a pesar de las múltiples ventajas comparativas sobre otros momentos históricos, se desarrolle en entornos de incertidumbre, riesgo y miedo. Heinz Bude, reconocido sociólogo alemán, ha descrito a la sociedad del miedo a partir del desarrollo de fobias y temores comunes porque prácticamente todos los individuos pueden ponerse de acuerdo en estas conjeturas: miedo a la inseguridad, al futuro, a las crisis económicas, etc., esto explica -sobremanera- la permanente consigna de garantizar certidumbre desde las instituciones del Estado.
Para el caso de México, esta semana ha sido un manifiesto crudo del fenómeno de la violencia iniciado hace varios años. Los hechos suscitados en los Estados de Michoacán, Guerrero y, sobre todo, Sinaloa, son la muestra fehaciente de las razones por las que la sociedad mexicana sostiene miedos frente a grandes y fortalecidos grupos subversivos que riñen y constriñen aún con la fuerza autorizada del Estado.
En tanto, el Estado a través del gobierno se ha situado en una encrucijada, por un lado, el discurso de la protección de los derechos humanos y de la estrategia no de combate sino de pacificación; desde el otro punto, se halla la idea de la necesidad del uso de la fuerza para salvaguardar la vida, la propiedad y el orden social.
Ante este escenario, las críticas a la reacción del gobierno han surgido desde todos los frentes. Cada uno con argumentos distintos, pero apuntando generalmente a la falta de reacción inmediata, la ausencia de planeación estratégica y la deficiente asertividad comunicativa para aliviar el estadio de preocupación, incertidumbre y -el siempre recurrente- miedo.
En prospectiva, el gobierno federal debe mostrar la suficiente fortaleza para hacer frente a los problemas de seguridad pública y nacional que nos aqueja, la propia estabilidad, integridad y permanencia del Estado están colocados en riesgo. La salida parece estar centrada en aliviar la fragilidad institucional del Estado, limitar los impactos de la transformación ontológica de la sociedad actual y dotar de certidumbre a la población acerca de quién está autorizado para hacer uso de la fuerza y llegar a un estadio de paz y orden social. No hay más caminos, más que los trazados por las preguntas y las consignas que desde la sociedad se lanzan para aliviar la insufrible crisis de seguridad y por tanto del Estado mexicano.
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