En el imaginario colectivo, en muchas ocasiones, se visualiza a los recursos de los que disponen las instituciones públicas casi -en letras de Sabines- como una lámpara de inagotable aceite. La realidad es otra. Los recursos públicos son escasos y por ello resulta fundamental identificar prioridades de inversión y gasto para lograr un ejercicio estratégico y el óptimo funcionamiento de la gestión pública y, por ende, la mejor atención a los problemas a los que la sociedad se enfrenta diariamente.
En este sentido la elaboración de presupuestos es un elemento imprescindible para las tareas de gobierno y responde al principio de responsabilidad que la función pública tiene frente a la población.
En nuestro país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir la Administración Pública Federal elabora anualmente: los Criterios de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); éste último debe considerar los anteproyectos de presupuesto de toda la Administración Pública (centralizada y paraestatal), el Poder Legislativo, Judicial, los Organismos Autónomos y las entidades federativas. Sucintamente, los recursos económicos recaudados mediante impuestos, productos, derechos y aprovechamientos encuentran cauce y funcionalidad tras la discusión en las comisiones y el pleno de la Cámara de Diputados, el cual tiene la facultad de discutir, modificar y aprobar la distribución del gasto de los recursos públicos.
Para el ejercicio del año 2020, la Cámara de Diputados comenzó el debate presupuestal y el 21 de noviembre de este año se aprobó el primer dictamen del PEF 2020. Sin mayores sorpresas, la exaltación en los grupos políticos de oposición y en un segmento considerable de la sociedad, se abrió paso rápidamente por razones totalmente justificadas, como lo es la disminución de los montos asignados a los organismos constitucionalmente autónomos, entre los que destacan: el Instituto Nacional Electoral; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Si bien es cierto que existen múltiples críticas a los elevados presupuestos de ciertas instituciones, también es real que sus atribuciones son fundamentales para garantizar gobernabilidad, mantener la estabilidad democrática y proteger los derechos humanos. Retomo las ideas de Rafael Martínez Puon sobre las conclusiones del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo acerca de cómo se debilitan este tipo de órganos que escapa de la clasificación tradicional dada por la división de poderes, entonces se señala que las principales amenazas están centradas en: la acción de minarlos presupuestalmente, captura de los órganos colegiados, al deslegitimar permanentemente por medio de la descalificación, las propuestas de reforma a sus estructuras orgánicas y las amenazas de posible desaparición.
Este contexto y la previsible reducción drástica en los recursos de los que disponen estos organismos los coloca en una situación de alto riesgo, por lo que es relevante que la discusión del presupuesto de egresos sea amplia y congregue al mayor número de actores posibles, además, que abandone en la medida de lo posible el inherente ingrediente político para pasar a una discusión que considere mayores elementos técnicos. La estabilidad y la atención a los problemas públicos así lo demanda.
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