- Existe una creciente propagación de la corrupción en el interior de la administración pública y lo atestiguan numerosos ejemplos.
Estos dos términos pueden ser la base de cualquier texto, estudio o tratado que referencie; atributos y deficiencias de cada gobierno a que aspira toda democracia.
La burocracia, según Max Weber, es una forma de organización humana, basada en las normas impersonales y la racionalidad que garantiza la máxima eficiencia posible en el logro de sus objetivos.
Tiene una estructura jerárquica de cargos y se da bajo una competencia jurisdiccional delimitada, en donde la administración del cargo moderno se da con base en documentos escritos y puede, el burócrata, ser sustituido por otro y seguir haciendo la misma función, pero siempre ajustada a normas.
La burocratización pone en práctica el principio de las especializaciones administrativas, conforme a regulaciones estrictamente objetivas, se apega más a normas que a personas. El principio “Sine ira ac studio”, lograr despojar de todo sentimiento, amor, odio, en resumen, deshumanizar a la burocracia.
Sin embargo, al hablar sobre la corrupción, Weber decía que la política y la burocracia contemporáneas progresan al eliminar el factor personal, justamente porque convierten la labor desempeñada, en una tarea sometida a visibilidad y fiscalización: lo importante no es el individuo que la ejecuta, que sólo es alguien solvente pero sustituible.
Corrupción es relativo de corromper, y etimológicamente esta palabra deriva del latín cum-con y rumpere-romper, siendo sinónimo de pervertir, seducir, alterar, viciar y/o sobornar un lineamiento establecido.
En el sistema pensado por Max Weber, un empleo público o un cargo en la administración o un puesto político no son recursos patrimoniales que sirvan para otorgar favores o despachar presentes, sino una ocupación reglamentaria que se ejecuta para beneficio de la sociedad.
Algunos teóricos manejan que los países con religión protestante son más reacios a la corrupción, mientras que los católicos podrían consentirla más, la base de la actuación para diferenciar los comportamientos son la confianza en los servidores públicos, que deciden la orientación de los recursos, bienes y propiedades del Estado para beneficio en exclusiva de la sociedad. Confiar es esperar que el otro cumpla con la obligación y con la expectativa. Cuando esto no se verifica, se burlan de la ley de manera ostentosa y solapada, la irresponsabilidad se premia y la confianza en sus autoridades se quebranta.
Saltos Galarza (1999) define la corrupción como un comportamiento de intereses particulares con poder para garantizar la impunidad, los actos ilegítimos violan los valores éticos de honradez, probidad y justicia, actos ilícitos violan normas legales, para obtener beneficios económicos en perjuicio del bien común, en español, la “corrupción” es el uso del poder público para el beneficio privado.
La política es el instrumento de cambio, la independencia creciente de la sociedad frente al Estado percibido como ineficiente y corrupto, convierte a la prensa, en elegida por la gente para cubrir los espacios vacíos que dejan las instituciones, en especial los partidos políticos y los órganos de vigilancia que no hacen su trabajo.
Existe una creciente propagación de la corrupción en el interior de la administración pública y lo atestiguan numerosos ejemplos, no puede ser combatida únicamente con mecanismos de control suplementario.
En América Latina aparece una creciente difusión de la corrupción en el sistema político, a menudo alimentada por un crecimiento clientelista de la administración pública. En tal sentido, el resultado de la corrupción es la destrucción de la confianza en los funcionarios públicos cuando mezclan lo público con lo privado produciendo una grave lesión de los deberes y responsabilidades como agentes públicos.
La legislación no basta, falta velar el cumplimiento y aplicación de las normas que rigen los conflictos de intereses, el enriquecimiento económico y los sobornos. De no ser así, la búsqueda de beneficios personales sigue socavando las bases de las instituciones.
Las contralorías y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso local tienen muchos pendientes para con la sociedad.
Los códigos de ética requieren máxima publicidad, aceptación y compromiso de la burocracia en todos sus niveles, de lo contrario seguirán bastos.
Todo depende de la voluntad política de los tres poderes, sus acciones y propuestas, estaremos a la espera de que se signifiquen.
En el plano federal, luego de la anunciada reforma para sancionar la corrupción, resulta que la tipificación o catálogo de delitos de corrupción no puede entrar en vigor hasta que se reforme el Código Penal Federal, según el primer transitorio de este Código, no pueden entrar en vigor las sanciones de estos delitos hasta que el Senado nombre al Fiscal anti corrupción, pendiente que mantiene el Senado desde hace cuatro años. ffloresms@hotmail.com
