(Primera de dos partes)
Dos de los propósitos que hemos identificado del gobierno de la cuarta transformación son, por un lado, empoderar al ciudadano común ubicándolo como el objetivo primario de los programas gubernamentales con mayores apoyos sociales, mejora de salarios, y consultas populares, aún incipientes y, por otro, volver dotar al Estado de su fuerza rectora de la economía perdida en las últimas décadas.
Como parte de la recuperación del poder del Estado, se enmarca la lucha contra los órganos autónomos. En una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó sobre las inconsistencias e intereses encontrados al interior de los órganos autónomos, pero ¿qué son y como surgen los órganos autónomos en México?
Con la creación de los órganos autónomos que surgen en México en los años 90s, se mueven la división de poderes como la concibió Montesquieu, o como lo estableció el artículo 16 de la declaración de los derechos del hombre en Francia en el año de 1879, que rezaba lo siguiente: “Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes no tiene Constitución”.
¿Qué es la autonomía? Sus raíces las encontramos en los vocablos griegos DXWRV que significa ‘mismo’, y QRPRV ‘ley’, es decir, la potestad para darse leyes a sí mismos o dictarse sus propias normas, poder de autonormarse y autogobierno, ‘la potestà di darsi un ordinamento giuridico’, y, objetivamente, ‘come il carattere proprio di un ordinamento giuridico che individui o enti si constituisno da se’».
Cuando nace un ente descentralizado, dentro del marco del derecho público, ley le confiere al ente creado personalidad jurídica, patrimonio propio, si este ente se organiza con un régimen particular de derecho público y con atribuciones específicas, entonces, estamos en presencia de un instituto autónomo
En el caso mexicano, a estos organismos les asignaron funciones de Estado que normalmente corresponden al Poder Ejecutivo, la característica fundamental de estos órganos, es que ninguna autoridad pública, privada o política pueda tener poder jerárquico o incidencia sobre ellos.
En México contamos con varios órganos constitucionales autónomos, como ejemplos: el Banco de México; el Instituto Nacional Electoral; la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y dos más de reciente creación: la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales.
El Banco de México en 1994 fue el primer órgano constitucional autónomo. Esta nueva ingeniería constitucional pretendía dar mayor credibilidad y certeza a la política monetaria, para la integración de su Junta de Gobierno el presidente de la República designa a sus integrantes y éstos son ratificados por el Senado. De entre ellos, el presidente propone al Gobernador del Banco.
Resulta que la histórica lucha de la sociedad civil y los grupos sociales no gubernamentales se han esforzado por varias décadas para privilegiar este tipo de organismos, que en cierta manera corrigen o enmiendan la plana a las instituciones, atendiendo sus desvíos u omisiones en defensa de la sociedad civil.
Sin embargo, con el paso de los años, algunos organismos fueron cooptados por intereses del gobierno o privados, para inferir en ellos a favor de otros intereses, este es el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de Tlaxcala, los nombramientos de los titulares de los órganos autónomos fue mal aprovechado por el Congreso anterior para decidir por la mala costumbre de “Cuotas y cuates” para hacerlos no funcionales, alineados a intereses ajenos, como ejemplo el caso del IAIPTLAX, en donde dos consejeros sin perfil han hecho la vida imposible a la titular, debilitando la tarea y minando los resultados a este órgano autónomo en la entidad, el caso está ahora en el Congreso para rescatar su funcionalidad.
En el plano nacional, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información aceptó reservar información, como la lista de empresarios beneficiada indebidamente para no pagar impuestos, con cantidades millonarias que dejaron de entrar al erario, por negociaciones de la Secretaría de Hacienda con la cúpula empresarial, para acelerar el enriquecimiento de pocos y el empobrecimiento de muchos millones de mexicanos.
También señaló el presidente que sobre el caso de corrupción ligado a algunos directivos de PEMEX y la empresa brasileña ODEBRECHT, que pagó sobornos a cerca de una decena de países para obtener contratos, en el caso mexicano con la empresa PEMEX.
El INAI reservó información protegiendo en ambos casos actividades ilícitas e impidió que la autoridad y la opinión pública deliberara sobre estos y otros temas, argumentando que este tipo de organismo que se llaman ciudadanos, están apoyado por grupos empresariales de derecha para ser utilizados como en los dos ejemplos mencionados.
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