Un problema constante que enfrenta la ciudadanía objeto de un agravio o un delito por robo, agresión, choque automovilístico o de cualquier tipo que pueda derivar en un delito del fuero común, es que no se tienen las facilidades para presentar su denuncia.
En el nuevo modelo que da lugar a la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las denuncias son recibidas en las casas de Justicia en la zona Sur y Norte, de lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas, la atención a todo el Estado en las noches y fines de semana se reciben en las instalaciones de la Procuraduría de Tlaxcala y la Unidad de Investigación del Delito en Apizaco.
Y esto deriva en quejas cruzadas, por un lado, la policía judicial se queja de las policías municipales y presidentes municipales que no están capacitados, y en respuesta las policías municipales se quejan de que detienen a un infractor en flagrancia y al otro día con un buen abogado están fuera.
El cambio hace algunos años, el sistema de atención del ministerio público por turnos de 24 por 24 atendía todos los horarios, incluso, los fines de semana y las denuncias se presentaban en todo momento.
Sin embargo, todo se alteró cuando modificaron los turnos y dejaron la mayor parte del tiempo sin atender denuncias ciudadanas.
La responsabilidad de atender los delitos del fuero común compete al Ejecutivo quien, para el caso, designó a una procuradora para que imparta justicia, pero un gran porcentaje de denuncias no se presentan porque la oficina permanece cerrada o porque se obliga a la ciudadanía a trasladarse, en el caso de Huamantla y los municipios aledaños, a Apizaco y las cosas se complican.
Si lo que motiva al Ejecutivo en sus dos figuras es ahorrar unos pesos, es muy delicado determinar ahorro a cambio de un mal servicio, pero si el problema es estorbar la presentación de las demandas para hacer creer que la violencia y los delitos han bajado, entonces podría ser un juego perverso que no debiera perdonarse.
Más delicado aún, cuando se combina este segundo problema con la colusión de algún miembro de la policía o de la Procuraduría con quienes delinquen o infringen la ley, sería mucho más delicado, sin embargo, yo por supuesto no creo que este extremo se presente.
La conclusión es que estas galimatías serían muy fácil resolver si algún integrante del gobierno o procuraduría fuera un administrador público o un funcionario graduado en alta dirección, pero, al parecer se adolece de tal perfil.
Es tan fácil si establecieran desde la Procuraduría los horarios completos de 24 horas, todos los días de la semana, para que la ciudadanía pudiera presentar su denuncia, pero existe, al parecer, algún interés para no hacerlo, esto es todo.
El problema es de voluntad política y solo consiste en que el gobierno estatal o la procuraduría así lo decidan, y subsanar esta desatención que es un pendiente en la procuración de justicia.
ffloresms@hotmail.com
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