Vigorosa y apremiante es la convocatoria del senador Joel Molina Ramírez para emprender medidas que garanticen la protección de nuestros recursos naturales, especialmente los ríos Atoyac y Zahuapan.
En su artículo -publicado en este diario el pasado lunes, y que por su importancia me atrevo a parafrasear-, fundamenta su perentorio llamado en datos incuestionables referentes a las causas y consecuencias de los daños a dichas corrientes de agua.
La preocupación por el creciente grado de contaminación de ambos afluentes del río Balsas se ha venido intensificando desde hace 25 años. “Desde 1995 –señala el legislador-, se han hecho varios análisis y estudios sobre la contaminación de los ríos Zahuapan y Atoyac, que han evidenciado una deficiente e inadecuada incorporación de aguas residuales en la región Puebla-Tlaxcala con resultados realmente desastrosos.”
Agrega: La degradación de nuestros principales recursos fluviales y sus afluentes constituye, por una parte, una amenaza –en muchos casos cumplida- al medio ambiente y a la salud pública de más de 2 millones 300 mil personas que habitan en los municipios ubicados en la zona de influencia de estos ríos y, por otra parte, el riesgo de no contar con suficiente agua para el consumo humano, el riego agrícola e incluso para otras actividades como la pesca y la recreación.
Por tal razón –comenta el senador Molina- en el Senado de la República, respaldamos la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que incrementa las multas por descargar aguas residuales sin tratamiento, explotar aguas nacionales sin el título respectivo, desperdiciar el líquido, causar daños ambientales o entorpecer las inspecciones de las autoridades correspondientes.
Otras voces se han pronunciado en el mismo sentido. Organizaciones civiles como el “Centro “Fray Julián Garcés Derechos Humanos, A. C.”, la “Coordinadora por un Atoyac con Vida” y la “Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos”, desde hace dos décadas han denunciado públicamente el devastador impacto ambiental que está provocando el desarrollo industrial en la cuenca del Alto Atoyac.
En octubre del 2015 la senadora Lorena Cuéllar Cisneros puso a la consideración de la asamblea del Senado un punto de acuerdo: exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones a fin de garantizar que la población de los municipios que atraviesa el Río Atoyac cuenten con agua libre de metales, contaminantes orgánicos volátiles o cualquier sustancia que ponga en riesgo la salud de las personas.
En diciembre del 2015 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) clausuraron 27 plantas e instalaciones industriales y la primera multó a 22 municipios del estado de Puebla, ambas sanciones por contaminar el río Atoyac.
El 21 de marzo de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017, sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información en relación con la contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac y sus afluentes, en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala. Tal recomendación está dirigida a diversas instancias del Gobierno Federal (Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris), a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala y a los ayuntamientos de los municipios citados.
El primero de julio del año pasado, 73 alcaldes de los estados de Puebla y Tlaxcala firmaron, en la capital poblana, la Carta de Intención para la Gobernanza de los Espacios Naturales Metropolitanos y Ciudades Sostenibles, con el propósito de preservar y valorizar los espacios naturales metropolitanos de la Cuenca Alta del Balsas de la que forman parte los ríos Atoyac y Zahuapan.
