Para la mayoría de las personas no es ajeno el mundo virtual. Cerca de 2.9 millones de personas alrededor del mundo tienen una cuenta en Facebook, una de las redes sociales más populares en la actualidad. Por tanto, es una herramienta de difusión de gran alcance no solo para las personas sino también para las instituciones y quienes la integran.
En los últimos años se ha visto un incremento en la difusión -en el mundo virtual- de las actividades que realizan dichas instituciones y entidades gubernamentales. Continuamente vemos publicaciones en las páginas oficiales que permiten a la ciudadanía conocer de primera mano los quehaceres institucionales.
También vemos cómo, en aras de maximizar la transparencia y rendición de cuentas, los y las titulares de los niveles de gobierno, así como sus integrantes y los que forman parte de órganos autónomos nos mantienen al tanto de las actividades que realizan en lo individual, que en el mejor de los casos son las mismas que ya se difundieron en la página institucional.
Es innegable que la cercanía que existe entre el o la titular de la cuenta oficial de un servidor público permite un contacto directo y la posible atención ante una duda o consulta, siempre y cuando haya la seguridad de que sea manejada por dicha persona y no por un “community manager“, o sea, una persona que se dedique específicamente a difundir información y quien es responsable de generar contenido para construir y mantener una relación entre la cuenta y los usuarios, en este caso, la ciudadanía.
Sin embargo, es preciso analizar la información que se difunde tanto en las cuentas oficiales de las instituciones como en las de los y las integrantes de las mismas ¿es de interés para la sociedad? Es importante valorar el contenido de la información que se difunde, ¿es de utilidad para la ciudadanía? ¿coadyuva al ejercicio de sus derechos? ¿le beneficiará de algún modo saber de tal o cual reunión?
- Se debe tener presente que la Constitución federal establece que la propaganda que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá ser con fines informativos, educativos o de orientación social.
Para las instituciones, y por ende para sus integrantes, debe ser prioridad dar a conocer información que posibilite a la ciudadanía conocer y ejercer sus derechos o saber cómo acceder a un servicio público, procurando que la cuenta oficial de una dependencia sea referencia de información para la ciudadanía, que se genere contenido de utilidad e interés y no duplicidad de contenidos que, en ocasiones, solo son de interés para quien lo pública, sin ninguna utilidad ni provecho ciudadano.
Es un área de oportunidad para todas aquellas personas que son responsables de la política de comunicación social en coordinación con quienes integran estos órganos, tanto de gobierno como autónomos; ciertamente, es importante difundir las reuniones, los eventos, cursos, etc., pero es más importante aún dar a conocer el resultado de esas actividades y de qué manera benefician a la ciudadanía.
