No cabe duda de que la legislación a favor del reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres ha avanzado de manera sustantiva y acelerada en los últimos años.
En el caso de la política, este año, el 13 de abril, la legislatura de la paridad tipificó como violencia política en razón de género conductas y omisiones agresivas que, durante años, las mujeres que decidimos participar en lo público hemos sufrido y sorteado.
En octubre de 2019, en el patio central del Congreso del estado, casa que debería representar los más altos valores de respeto a la diversidad política y la democracia, el diputado Gerardo Fernández Noroña profirió insultos y ofensas denigrantes y de invitación a la violencia en contra de una mujer que, amén de serlo, además es su par en la Cámara de Diputados, nuestra compañera Adriana Dávila Fernández.
Con toda valentía y arropada por los colectivos nacionales feministas, Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional y todos los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, la diputada exhibió la conducta misógina y violenta y demandó ante las autoridades competentes sanción para el legislador.
El 19 de noviembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), sancionó por conducta violenta al diputado Noroña instruyéndole a ofrecer una disculpa pública y tomar un curso de sensibilización en perspectiva de género, así como a la Cámara de Diputados para exhortarle a no repetir la conducta señalada.
El jueves 26, el Consejo General del INE sesionó y votó por unanimidad para confirmar la sanción impugnada por el legislador, alegando el artículo 61 constitucional, que establece que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Lo que a su decir impediría que autoridad alguna le reconviniera en su dicho. Entre los muy brillantes argumentos, la consejera Dania Ravel rechazó que en un país en el que diariamente son asesinadas más de 10 mujeres, haya cabida para expresiones que incitan a la violencia contra las mujeres y a la discriminación.
Asimismo, negó que las expresiones vertidas por el legislador estén amparadas por el artículo 61 de la Constitución que protege la libre discusión y decisión parlamentaria, ya que fueron dichas en un evento que no fue organizado por el Poder Legislativo y que exceden los límites de la libertad de expresión.
No es posible aplicarle las nuevas sanciones tipificadas como violencia política al diputado por el impedimento de la retroactividad, pero el simple hecho de que a un legislador se le reconvenga por violencia contra las mujeres, sienta importante precedente.
Enhorabuena por Adriana Dávila, Katy Valenzuela, María Elena Conde, Maribel Muñoz, y por todas quienes, viven y luchan por el respeto a la dignidad de las personas. #NoALosViolentos. #YaBastaJUSTICIA PARA ELLAS
