La política migratoria actual

Desde los primeros meses de este año, muchos de los medios de comunicación más importantes en el mundo han retomado un tema, por demás importante: el de los movimientos migratorios irregulares en la frontera entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, pero desde otra óptica, una que genera aún más discusiones en torno a la protección de los derechos humanos.

La BBC del Reino Unido lo remarcó diciendo “El desesperado llanto de los niños separados de sus padres inmigrantes en la frontera de EE. UU.”; el The New York Times como “Cientos de niños migrantes han sido separados de sus padres en la frontera de EE. UU.”; esto solamente por mencionar algunos. El seguimiento periodístico por parte de estos diarios ha evidenciado una realidad sostenida desde hace ya bastante tiempo, las condiciones de las personas (en este caso niños) que se hallan retenidos a razón de su estatus migratorio es: inhumana.

El problema esencial está ahí, en que la policía migratoria de los Estados Unidos ha sido omisa de los derechos, por el simple hecho de ser personas, de los niños migrantes, sumado a la falta de protección y asistencia que las autoridades en México les ofrecen. Las cifras de niños migrantes no acompañados, según información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA para el año 2015, ascendían a 32 mil 952 niños detenidos, sin embargo, el número de niños que atraviesan o intentan atravesar la frontera, no necesariamente sin compañía de sus padres o familiares podría estimarse en más del doble de esta cifra.

Este contexto de enorme complejidad ha puesto en jaque a los gobiernos de Estados Unidos, al de México y al de muchos de los países de Centroamérica (lugares de donde provienen la mayor parte de personas migrantes). Hoy resulta necesario que este tema no vuelva a ser difuminado en la agenda de los gobiernos naciones y, sobre todo, en la agenda de los organismos internacionales.

El martes 19 de junio de 2018, el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica encabezados por el presidente Trump optó por oficializar su salida del Consejo para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, una organización formada por 47 países miembros de la ONU y elegidos por mayoría absoluta en la Asamblea General de las Naciones Unidas; este hecho sumado al de la crisis migratoria en la frontera norte de nuestro país de constituye como un reto mayúsculo para el gobierno mexicano.

A mí parecer lo primero que tiene que hacer el Estado mexicano es fijar una postura, frente a la violación sistemática de los derechos de las personas migrantes, aún más sin son niños. Además, creo que una de las propuestas viables es la de involucrar más a los gobiernos de las entidades federativas fronterizas del norte del país. La idea de generar un fondo de recursos federales exclusivos para los gobiernos de estos estados, algo parecido al Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México para garantizar la atención a los problemas que este asunto estructural ha desencadenado es, por mucho, una de las propuestas más factibles.

Es una responsabilidad global garantizar la protección de los derechos humanos, en medio de cualquier circunstancia; nuestro deber está en lograr consensos entre las naciones para hacer eficiente la política migratoria de la región y, de manera simultánea la protección de los derechos de niños y adultos migrantes.

Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz