El periodismo de investigación y el combate a la corrupción
- Los gobiernos y la autoridad, sobre todo aquella involucrada en el proceso de investigación y sanción de los responsables involucrados en actos de corrupción, deben tomar decisiones basadas en evidencia, por lo que la actividad periodística no puede actuar en reparo o supresión de la función de las instituciones.
El problema de la corrupción en México -así como en muchas partes del mundo- es sumamente complejo. Los casos de corrupción se derivan por anteponer intereses particulares sobre el interés público que las instituciones y organizaciones persiguen. El conocimiento de la posibilidad de que el ejercicio del servicio público sea desvirtuado, ha orillado al gobierno a generar políticas para colocar más y mejores controles al poder, por ejemplo: la transparencia, rendición de cuentas y la fiscalización del ejercicio de recursos públicos.
A pesar de este andamiaje institucional, la corrupción sigue siendo parte indeclinable de consideración de la agenda de los gobiernos que, definitivamente, deben ser los más interesados en evitar que la corrupción tenga lugar en sus estructuras administrativas e imposibilite el alcance de los objetivos y metas.
En este contexto, el periodismo de investigación adquiere importancia sobresaliente. En México, la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” y “Animal Político” dieron un golpe en la mesa con la elaboración y publicación de la investigación sobre “La Estafa Maestra” que evidenció algunas de las más arraigadas prácticas de corrupción que, por lagunas en las leyes, no están prohibidas; ésta fue publicada en el año 2017 y algunos de los hallazgos más relevantes fueron: el descubrimiento de 128 empresas fantasmas subcontratadas por universidades públicas que había obtenido contratos para la realización de servicios y estudios para dependencias del gobierno.
Esta investigación -paradigmática en su tipo- basada en mucho sobre las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), abrió la línea divisoria acerca de quién investiga los probables casos de corrupción. Además, la divulgación de los resultados de la investigación ejerció presión real para que el proceso de auditoría se vinculara directamente con la presentación de denuncias y procesos judiciales para fincar responsabilidades y sanciones.
Por esta razón, el ejercicio de la actividad profesional del periodismo se convierte en un punto de apoyo para lograr una política de combate a la corrupción lo suficientemente robusta, en función de que aporta -además de máxima publicidad a las investigaciones de los casos- trabajo técnicamente loable para rastrear el destino de los recursos, seguimiento a los casos, presión mediática para lograr la reparación del daño y -en general- la aplicación de la ley.
Sin embargo, los gobiernos y la autoridad, sobre todo aquella involucrada en el proceso de investigación y sanción de los responsables involucrados en actos de corrupción, deben tomar decisiones basadas en evidencia, por lo que la actividad periodística no puede actuar en reparo o supresión de la función de las instituciones.
El entorno actual, señala la necesidad de que el periodismo de investigación sea parte conformante de la política anticorrupción en México en términos reales. Es decir, en estricto sentido, el desarrollo de esta política compete única y exclusivamente a instituciones como: la Auditoría, la Fiscalía y el Tribunal de Justicia Administrativa, empero, los medios de comunicación sí pueden actuar complementariamente para subir temas y asuntos a la agenda, así como modificar la opinión pública respecto a las exigencias contemporáneas de ética pública, transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.
El nuevo gobierno federal “desapareció” por decreto la corrupción, además ha señalado -en numerosas ocasiones- a los medios de comunicación y periodistas que resultan incómodos para sus proyectos y previsiones de resultados, por lo que este binomio representa un reto en varios sentidos, los más destacados pueden ser: que el gobierno acepte -coloquialmente dicho, de buena fe- la existencia de casos de corrupción que involucren a personajes y cuadros políticos propios, y que se tomen decisiones en el sentido de reducir los espacios de discrecionalidad y arbitrariedad en el ejercicio del servicio público.
En prospectiva, los periodistas deberán apostar por el trabajo de “largo aliento”, su posición no debe ser la de aplaudir a los detentores del poder, tampoco la de resulta incómodos, sino más bien la de evidenciar los yerros y los abusos cuando realmente existen. México requiere del periodismo de investigación para disminuir considerablemente los casos de corrupción.
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