Los problemas públicos no son lineales, por el contrario, transitan en caminos sinuosos y tienen trayectorias –aunque identificables– complejas. En el caso de la inseguridad y la violencia como problemáticas que afectan a grandes poblaciones y deterioran las posibilidades de desarrollo de las personas, el trabajo de los hacedores de política pública y demás tomadores de decisiones, debe estar centrado en revertir las tendencias negativas.
Lograr este objetivo representa un reto indudable, sobre todo porque implica la inversión correcta de recursos, atender las causas del problema y decidir entre una amplia gama de opciones a partir de criterios estratégicos. Es decir que, lograr resultados positivos en políticas públicas en materia de seguridad, es un cometido sujeto a muchos prerrequisitos.
En el caso de México, la crisis de seguridad pública desde hace prácticamente 20 años coloca al país justo en el medio de un escenario poco alentador. El camino sinuoso de la crisis y la agudización de la violencia está directamente vinculado al escaso aprendizaje institucional en las organizaciones gubernamentales con atribuciones y facultades en el tema. Los resultados y la prospectiva del problema parecen indicar una suerte de ausencia de memoria organizacional, mejora continua y toma de decisiones a la luz de los errores y aciertos del pasado. Este fenómeno está vigente, no exclusivamente en el gobierno federal, también en los gobiernos locales a nivel subnacional en los que –tanto estados como municipios–el fortalecimiento de las instituciones policiales o el desarrollo de sistemas de inteligencia eficaces, han quedado en el tintero y en las tribunas de los discursos políticos.
La historia reciente de la escalada de violencia en varias regiones del país responde a la lógica del olvido y la inacción, aun conociendo áreas de oportunidad en los que la acción de gobierno podría encontrar mejores resultados en la reducción de la criminalidad. Por ejemplo, la inversión en infraestructura y corporaciones de seguridad pública que garanticen presencia territorial y la mejora de las capacidades estatales para dar respuesta a eventos de violencia y puesta en peligro del estado de la seguridad. Al respecto, Soifer en el texto "State Infrastructural Power: Approaches to Conceptualization and Measurenment" destaca el factor de la territorialidad como un enclave para la seguridad pública, empero, lograr el control del territorio para los Estados (en cualquier parte del mundo) requiere de una serie de condiciones cubiertas, muchas vinculadas con el nivel de recursos disponibles como el caso de presupuesto, recursos humanos e infraestructura.
Esta lógica deberías guiar la toma de decisiones de gobierno en materia de seguridad pública, además por supuesto de su proximidad social con otras esferas más allá de las gubernamentales, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil para vincular las políticas de seguridad con la regeneración de lazos sociales y esperanzas de desarrollo en entornos (tanto rurales como urbanos) cuya historia reciente está marcada por la violencia y un estado de inseguridad permanente. El estado actual, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, parecería responder a la lógica del control territorial, según el informe 2021, en el país existen 266 Coordinaciones regionales y el estado de fuerza total es de 113,833 efectivos, sin embargo, solamente poco más de 23 mil efectivos son provenientes de la antigua policía federal, es decir que la corporación es más bien un apéndice de fuerzas militares. Creo que es momento de regresar a la discusión acerca de la configuración de opción civil de cuerpo de seguridad pública.
Es cierto que, en un orden de prioridades, la garantía presencia territorial es el punto más relevante en este momento. No obstante, la lista sigue siendo larga, en caso contrario a avanzar en el cumplimiento de esa ruta crítica, el estado de caos y crisis en seguridad pública seguirá en franco incremento. Esto debe marcar aprendizaje institucional.
Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz
Twitter: @EnriqueBermC
La historia reciente de la escalada de violencia en varias regiones del país responde a la lógica del olvido y la inacción, aun conociendo áreas de oportunidad en los que la acción de gobierno podría encontrar mejores resultados en la reducción de la criminalidad.
