La pandemia y la crisis derivada de ésta ha generado repercusiones en prácticamente todos los ámbitos de la vida humana. Algunos de éstas ciertamente más graves que otras y particularmente –quizás de manera aleatoria- sobredimensionadas o exponenciadas y discursivamente presentadas en un escenario catastrófico (a todas luces parte de una agenda política determinada). La crisis sanitaria dejó de manifiesto lo endeble que es la aparente normalidad y lo poco preparadas que –en general- están las sociedades contemporáneas para realizar cambios drásticos, sumado a la imposibilidad económica-productiva para cambias dinámicas, formas de producción, interacción y formar de relacionarse entre grupos sociales. Es decir que la pandemia exigió respuestas rápidas para continuar con rutinas en un espacio de innovación exigida, por irónico que parezca.
Este hecho permeó también en el rubro de la educación en México, afectando a estudiantes, hogares, docentes e instituciones. Ahora la modalidad de enseñanza vía remota está siendo implementada en un lapso y velocidad sin precedentes, por lo que las tecnologías de la información y la comunicación se colocan en un primer plano. Sin embargo, las herramientas y aplicaciones basadas en las TIC requieren cobertura la cual es insuficiente (problema de la inmoral desigualdad social), así como conectividad para un uso adecuado, por lo que es probable que la educación en este momento histórico disminuya el aprendizaje significativo y sobre todo que espacio como la principal herramienta de movilidad social existente.
Bajo este orden de ideas, es un hecho que el viraje hacia lo digital es una respuesta necesaria. Los gobiernos deben abordarla como política pública para garantizar que, por ejemplo, la educación siga siendo gratuita y el sentido de obligatoriedad de ésta esté acompañado de las garantías necesarias para que –por el momento- los estudiantes cuenten con las capacidades tecnológicas (recursos y materiales como la propia conexión a internet) requeridas para recibir servicios educativos.
El ámbito de la educación es solamente un ejemplo de cómo el mundo digital es un espectro que requiere de suficiente exploración, inversión y conocimiento para integrar en la vida cotidiana de las instituciones y las personas. En el ámbito gubernamental también tiene aplicaciones directas. Un ejemplo claro es el pago de servicios públicos por medio de páginas web, aplicaciones móviles y demás herramientas vía internet, la obtención de documentos como actas o certificados sin necesidad de la presencia de las personas en espacios físicos. También la gestión pública debe tener un viraje, sobre todo en lo relacionado con trámites y servicios, hacia lo digital. El confinamiento y la consecuente suspensión de actividades en las organizaciones del sector público, dejó de manifiesto la imperiosa necesidad de que el gobierno avance sobre una agenda de modernización administrativa en la que debe tener espacio prioritario la digitalización de procesos para la mejor atención a la población.
Ambos espectros de innovación y uso de herramientas digitales y TIC, sobre la educación y la administración pública, requieren del mayor compromiso institucional y de la suficiente inversión económica. Elemento indisociable para implementar proyectos que involucran la innovación y por tanto la ruptura de la rutina y la creación de espacios de innovación real.
En este sentido, resulta factible y además necesario que desde lo gubernamental se impulsen proyectos que consideren la reinvención de procesos desde lo digital. El momento histórico que atravesamos demostró la utilidad de las herramientas digitales y también la incapacidad mostrada –hasta ahora- para amoldar y generar impacto positivo con la digitalización en la vida de las personas. Deben orientarse e invertir en proyectos que vean en lo "digital" una oportunidad de reinvención u utilidad complementaria a procesos tradicionales (en el ámbito de la educación) de formación y fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje y en el ámbito gubernamental para mejora de la gestión pública, reingeniería de procesos, reducción de riesgos de corrupción, mejora regulatoria y evitar la ralentización en trámites y servicios.
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