Los Avatares de Nuestro Tiempo | La pandemia y la democracia

En medio de la crisis sanitaria que el mundo aún atraviesa, con ciertos casos de gravedad en algunas latitudes, resulta conveniente analizar algunos de los cambios que supone la presencia del coronavirus, no solamente en la vida cotidiana; también en instituciones modernamente aceptadas como lo es la democracia. Este sustantivo, recurrente en los discursos políticos y objetivo del cambio institucional y los movimientos sociales, entendido no solamente en su parte procedimental – el cual a todas luces luce minimalista- sino como un modo de vida y base ideológica de la formación de regímenes como el que -de forma aspiracional- se ha diseñado en México.

Tan sólo en la parte electoral, el Instituto Nacional Electoral decidió suspender elecciones en Hidalgo y Coahuila a causa de la Covid-19 y, previsiblemente, los procesos electorales sobre todo en lo referido a las campañas políticas deberán ajustarse a una nueva realidad -al menos en el corto plazo- abandonar los proyectos de eventos multitudinarios, los recorridos personales en las diferentes comunidades que componen un municipio, distrito o Estado; para entonces avanzar hacia la formación de campañas publicitarias por medios de comunicación, la generación de contenidos con segmentación vía redes sociales y en general al aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Los cambios también han tocado el funcionamiento de procesos otrora tan simples como la expedición de credenciales de elector, que en nuestro país funge como la principal identificación oficial, ahora expidiendo certificados digitales. En síntesis, la pandemia también ha significado la reconfiguración de una fracción de nuestra incipiente democracia.

Más significativo resulta que, bajo el argumento de la pandemia, se intenté rediseñar el sistema de contrapesos al poder gubernamental o a la división de los poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a través de iniciativas para dotar de mayor poder de decisión en el ejercicio del gasto público para generar modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación ante un escenario de crisis sea sanitaria o económica.

• Es cierto, técnicamente deben existir medidas legales para poder contar con capacidad de reacción ante situaciones adversas, sin embargo, las crisis de cualquier tipo deben contar con una definición (fuera de la estructura gubernamental) o colegiada, por ejemplo, en el caso de crisis sanitarias el Consejo de Salubridad, si es integrado pluralmente, podría fungir como el definidor de una crisis o no.

Contrario a este planteamiento otorgar facultades de, prácticamente libre ejercicio de los recursos públicos significa abandonar toda perspectiva de planeación estratégica y colocar -aún más- poder discrecional abonar a la arbitrariedad en la toma de decisiones, de por sí poco dificultoso.

Este tema es trascendental para la sociedad. Empero, evidencias estadísticas demuestran que una buena parte de la población en el mundo estaría dispuesta a perder -en cierto grado- libertad o ejercicio de derechos a cambio de mayor seguridad o certezas al momento de atravesar un momento de crisis, sea de seguridad pública, económica o sanitaria. De hecho, estos casos están previstos en prácticamente todas las constituciones, como estados de excepción en los que las garantías prácticamente se suspenden. Una decisión de esas dimensiones está bien sujeta a la participación de los parlamentos (en tanto manifestaciones de la soberanía popular), por lo que la existencia de gobernantes con aspiraciones autócratas o populistas que dicen contar con el respaldo del pueblo, como entelequia, no debería interferir en esta mediación, ahí está el caso de Bolsonaro en Brasil, solamente por mencionar algún ejemplo.

Los tomadores de decisiones deben vislumbrar en prospectiva los diferentes escenarios que generará la actual pandemia y los mecanismos necesarios para mitigar los riesgos y reducir los impactos, cuidando el sostenimiento del equilibrio democrático. Por ello es importante que las oficinas gubernamentales, prácticamente todas, cuenten con un equipo de asesoría en materia de herramientas técnicas y política de toma de decisiones, en función de que la persona que cuenta con la legitimidad (obtenida vía elecciones) debe contar con una visión general del impacto de sus decisiones, aún más en un contexto de crisis.