/ sábado 2 de abril de 2022

Los Avatares de Nuestro Tiempo | La reconversión de los sistemas de salud estatales

Las condiciones generales de salud de la población son un asunto de interés público en el mundo. En consecuencia, los gobiernos plantean y formulan planes, programas y políticas públicas para garantizar el derecho a la salud.

Sin embargo, dada la complejidad del problema existen múltiples enfoques, instrumentos y modelos de resolución, por ejemplo: sistemas estatales de salud en los que la participación de privados es más limitada (aunque este es esquema es menos usual en el mundo); sistemas en los que privados o particulares detentan prácticamente la totalidad de las opciones de atención médica (un caso representativo en el mundo es el de Estados Unidos, país en el que el sistema público es mucho menor, a pesar de esfuerzos institucionales en la historia reciente como el “Obama Care” que busco expandir la participación estatal en la materia) y también hay sistemas híbridos en los que el sector público de salud y el privado se rigen por los mismo ordenamientos y tienen capacidades de atención -medianamente- equiparables.

  • En el caso de México, el sistema híbrido de salud ha estado colocado en frentes críticos, sobre todo porque, en efecto, los retos que genera una población con comorbilidades y demás padecimientos de salud, son enormes. Es un problema de dimensiones relevantes, sobre todo porque está centrado en la garantía de derechos fundamentales.

Mientras los servicios de salud ofertados por privados son inaccesibles para la mayor parte de la población dados los costos; el sistema de salud público se ha saturado y enfrenta problemas como insuficiencia de medicamentos, infraestructura inadecuada e insuficiente, así como falta de personal especializado. Además, la participación de los gobiernos de las entidades federativas ha representado una oportunidad desperdiciada.

La idea de la descentralización de los servicios de salud públicos en México se pensó como una solución para generar mejor atención, dispersión de recursos y mejorar las capacidades de cobertura. Esa noción ideal construida hace aproximadamente 40 años partía del principio de corresponsabilidad de los niveles de gobierno y de la construcción de un Sistema Nacional de Salud que -idealmente- generaría esquemas de coordinación y supervisión bastos entre el nivel federal y estatal de gobierno. Sin embargo, los efectos no deseados de la descentralización generaron problemas y en general sistemas estatales de salud endebles, estructuralmente deficientes y escandalosamente costosos.

Hay una serie de problemas -diversos- que explican el bajo rendimiento (eufemismo de fracaso) de los sistemas estatales de salud. El primero es la corrupción en los gobiernos de los Estados; las transferencias de la federación a las entidades para la cobertura de salud representaron un botín inigualable para varios personajes. El segundo es la ausencia de criterios técnicos para la toma de decisiones en un área médica -la cual es eminentemente técnica- lo que provocó que razonamientos centrados en la utilidad política visualizarán, por ejemplo, a las Secretarías de Salud como espacios de construcción política. El tercero es, igual de relevante que el resto, el anquilosamiento de líderes sindicales que capturaron los sistemas de salud completos, así como ocurrió en el pasado con la educación a nivel federal donde los Secretarios del sector no podían tomar decisiones sin la anuencia del sindicato, también ocurrió con el sector salud en los estados de la República.

En este contexto y bajo este diagnóstico institucional, tiene sentido que la re-centralización de los servicios de salud, entren a la dinámica de regreso de lo estatal hacia lo federal. Tal proyecto del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador parte del supuesto de que el nivel subnacional se ha visto rebasado por el problema y la “federalización” de los sistemas de salud es la única salida viable. Hay un razonamiento de utilidad pública centrada en que la reorganización del sector es mayor a los costos de acción en los Estados (confrontación con grupos de interés). Es un acierto en el corto plazo, habrá que esperar que un Sistema Nacional de Salud de tales dimensiones logre mejores dinámicas institucionales y mejor cobertura pensando en la universalización de la atención médica.

Las condiciones generales de salud de la población son un asunto de interés público en el mundo. En consecuencia, los gobiernos plantean y formulan planes, programas y políticas públicas para garantizar el derecho a la salud.

Sin embargo, dada la complejidad del problema existen múltiples enfoques, instrumentos y modelos de resolución, por ejemplo: sistemas estatales de salud en los que la participación de privados es más limitada (aunque este es esquema es menos usual en el mundo); sistemas en los que privados o particulares detentan prácticamente la totalidad de las opciones de atención médica (un caso representativo en el mundo es el de Estados Unidos, país en el que el sistema público es mucho menor, a pesar de esfuerzos institucionales en la historia reciente como el “Obama Care” que busco expandir la participación estatal en la materia) y también hay sistemas híbridos en los que el sector público de salud y el privado se rigen por los mismo ordenamientos y tienen capacidades de atención -medianamente- equiparables.

  • En el caso de México, el sistema híbrido de salud ha estado colocado en frentes críticos, sobre todo porque, en efecto, los retos que genera una población con comorbilidades y demás padecimientos de salud, son enormes. Es un problema de dimensiones relevantes, sobre todo porque está centrado en la garantía de derechos fundamentales.

Mientras los servicios de salud ofertados por privados son inaccesibles para la mayor parte de la población dados los costos; el sistema de salud público se ha saturado y enfrenta problemas como insuficiencia de medicamentos, infraestructura inadecuada e insuficiente, así como falta de personal especializado. Además, la participación de los gobiernos de las entidades federativas ha representado una oportunidad desperdiciada.

La idea de la descentralización de los servicios de salud públicos en México se pensó como una solución para generar mejor atención, dispersión de recursos y mejorar las capacidades de cobertura. Esa noción ideal construida hace aproximadamente 40 años partía del principio de corresponsabilidad de los niveles de gobierno y de la construcción de un Sistema Nacional de Salud que -idealmente- generaría esquemas de coordinación y supervisión bastos entre el nivel federal y estatal de gobierno. Sin embargo, los efectos no deseados de la descentralización generaron problemas y en general sistemas estatales de salud endebles, estructuralmente deficientes y escandalosamente costosos.

Hay una serie de problemas -diversos- que explican el bajo rendimiento (eufemismo de fracaso) de los sistemas estatales de salud. El primero es la corrupción en los gobiernos de los Estados; las transferencias de la federación a las entidades para la cobertura de salud representaron un botín inigualable para varios personajes. El segundo es la ausencia de criterios técnicos para la toma de decisiones en un área médica -la cual es eminentemente técnica- lo que provocó que razonamientos centrados en la utilidad política visualizarán, por ejemplo, a las Secretarías de Salud como espacios de construcción política. El tercero es, igual de relevante que el resto, el anquilosamiento de líderes sindicales que capturaron los sistemas de salud completos, así como ocurrió en el pasado con la educación a nivel federal donde los Secretarios del sector no podían tomar decisiones sin la anuencia del sindicato, también ocurrió con el sector salud en los estados de la República.

En este contexto y bajo este diagnóstico institucional, tiene sentido que la re-centralización de los servicios de salud, entren a la dinámica de regreso de lo estatal hacia lo federal. Tal proyecto del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador parte del supuesto de que el nivel subnacional se ha visto rebasado por el problema y la “federalización” de los sistemas de salud es la única salida viable. Hay un razonamiento de utilidad pública centrada en que la reorganización del sector es mayor a los costos de acción en los Estados (confrontación con grupos de interés). Es un acierto en el corto plazo, habrá que esperar que un Sistema Nacional de Salud de tales dimensiones logre mejores dinámicas institucionales y mejor cobertura pensando en la universalización de la atención médica.