En el proceso de toma de decisiones existen aciertos, culpas, responsabilidades, omisiones y errores, todas tienen el común denominador de que se identifica plenamente el origen de las determinaciones. Empero, en la cultura política mexicana las decisiones parecen originarse –cuando estas devienen en errores- en la nada, no en el sentido filosófico de la palabra donde incluso la "nada" es, sino realmente en el vacío. Aquel espacio indeterminado en el que ningún sujeto asume las consecuencias de resolver dilemas y orientar destino de recurso, sujeción de acciones o el planteamiento de la inacción y pasividad. Así, el derrotero de la historia contemporánea mexicana está plagado de decisiones anónimas.
La actual crisis sanitaria por la Covid-19 es la regla y no la excepción en el ámbito de las responsabilidades. En paralelo a los retos en el manejo de la política de salud pública están los relacionados a la contención de la crisis económica derivada del paro de actividades productivas ante los riesgos de contagio del virus. En consecuencia, son dos de las amplias preocupaciones de la sociedad (salud e ingreso) los que se encuentran fluctuantes, en medio de la incertidumbre, con menos previsiones de mejora y sí con mayores presiones detonantes de un estadio de complejidad innegable. El rebrote permanente en el número de personas contagiadas ha imposibilitado el curso normal de la economía (sobre todo en los sectores productivos asociados con la industria a gran escala, las pequeñas y medianas empresas dedicadas al sector servicios) no ha podido alcanzar al menos un ritmo estable. En términos generales, las personas también deciden entre dos opciones: aislarse para evitar la enfermedad o seguir tratando de garantizar un ingreso vía actividad laboral o productiva. Un dilema total.
En otros países del mundo, quizás aquellos en los que la bonanza económica no es un mito y sus finanzas públicas cuentan con la capacidad de soportar las presiones de incremento de gasto público, el dilema de las personas fue medianamente resuelto vía el gasto público a partir de la formación de planes y programas para enfrentar la emergencia y garantizar que las personas tuvieran mejores condiciones para que el aislamiento realmente se constituyera como una opción real en la cotidianidad de las personas y sus perspectivas de sobrevivencia.
Mientras tanto en México, las mediciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) acerca de su condición de apoyos recibidos en la emergencia sanitaria, arrojan que para abril del 2020 solamente el 7.8% de pequeñas y medianas empresas había sido beneficiarios de algún apoyo o programa, sea originado desde el Gobierno o Cámara Empresariales. Justo en esa sintonía, la segunda medición correspondiente al mes de agosto del 2020 demostró una disminución importante, solamente el 5.9% señalaban sí haber recibido algún tipo de apoyo. Sucintamente, la inexistencia de un programa efectivo, integral y extensivo para enfrentar la pandemia fue un detonante de la realidad que sostenemos hoy. Es cierto, resultaba muy complicado sostener en el ejercicio del gasto público flujos económicos destinados en el largo plazo a programas de emergencia. Las finanzas públicas, prácticamente de cualquier país, resultarían insuficientes ante el universo de posibles beneficiarios, no obstante, un plan de esta naturaleza en el momento más álgido de la pandemia, pudo haber revertido la tendencia a partir de dos premisas: 1) la disminución de la movilidad de personas para el traslado a centros laborales y con ello de los riesgos de contagio masivo y 2) control marginal de los impactos económicos en la economía interna.
Ahora mismo el tren de la contención pandémica se fue. Estamos ante la imposibilidad de revertir las decisiones anteriores, pero con la posibilidad de mejorar las actuales, sobre todo con base en evidencias e información estadística. En las 10 entidades federativas con semáforo rojo por alto riesgo de contagio: Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; se requiere de garantizar capacidad hospitalaria e incluirlos en las primeras etapas de vacunación del personal médico.
Esta pandemia ha puesto a prueba la capacidad de resiliencia de la sociedad, también el rigor y eficacia de los gobiernos, sobre todo el federal el cual tiene atribuciones, facultades y atribuciones suficientes para hacer frente a un fenómeno de esta naturaleza. La interrogante se centra en quién toma las decisiones, no frente al ojo público y político, sino aquellas que requieren de conocimientos meramente técnicos en términos médicos y sanitarios.
A futuro, cuando se analice el costo de la crisis pandémica, es natural o inherente que se busqué el cauce de la toma de decisiones para conocer el origen, el cual no puede ser la nada.
En la serie de libros "La costumbre del poder" de Luis Spota, cuando Miguel Rebul persuade al poderoso Eugenio Olid de invertir una fuerte suma de dinero a pesar del enorme riesgo. Lo convenció sobre todo porque demostró asumir la responsabilidad de su decisión ante el riesgo. No rehuyó. Olid entendió entonces que Rebul era un nuevo tipo de líder, uno que asume, decide y está dispuesto a enfrentar las consecuencias y no expiarlas. Ese debe ser el líder contemporáneo, sobre todo en un momento como el que atravesamos, crítico a todas luces.
