Los hombres creen que conocer lo que es justo e injusto no requiere gran sabiduría, están equivocados
Aristóteles
La posibilidad de la reelección en el sistema electoral mexicano se configuró en el marco de la reforma política de 2014-2015, que modificó los artículos 115 y 116 Constitucionales, abriendo la puerta para la reelección de presidentes municipales, síndicos y regidores hasta por un período adicional, y de legisladores hasta por 4 periodos consecutivos. En marzo del 2019 publiqué una columna en este prestigioso diario que titulé "La Perversión de la Reelección", en donde esgrimí algunos argumentos de porque personalmente no estoy de acuerdo con que las autoridades se puedan reelegir. Uno de ellos es que la reelección no favorece el piso parejo, dado que quién lleva ventaja en un proceso es quien ostenta el cargo por el que se desea repetir, lo cual abre la puerta a que haya presidentes municipales coaccionando el voto, ya no sólo en favor de sus delfines como ocurría hasta ahora sino a su propio beneficio; o bien veremos legisladores usurpando el presupuesto público y lucrando con el poder al que tiene acceso tratando de construirse se repetición en los cargos.
Pues es precisamente lo que está ocurriendo ahora en Tlaxcala, es el caso de los diputados locales del PEST José Luis Garrido y del PT Michelle Brito, quienes pretextando la pandemia provocada por el coronavirus, utilizan recursos públicos para entregar apoyos en su nombre, promocionando estas acciones en medios de comunicación y redes sociales, buscando con ello evidentemente su posicionamiento personal de cara a las elecciones del año entrante, en las que buscarán o bien su reelección, o como chapulines, saltar a otro cargo sin concluir el que ahora ostentan, pero eso sí, montados cómodamente en la posición que les da la curul. Esa es la razón por la que desde el PRD promovimos una Queja ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y por el cual se inició un proceso ordinario sancionador en contra de los diputados.
Desde nuestra óptica, ambos legisladores cometieron actos que desde el punto de vista ético rayan en lo inmoral de la política, toda vez que de forma deleznable lucran con la necesidad de la gente, entregan apoyos con recursos públicos y casi obligan a esos beneficiarios a tomarse la foto agradeciéndoles personalmente a ellos por la dádiva otorgada; resultando infame que, en medio de la tragedia sanitaria y económica, con total descaro busquen su promoción personal. Pero además, los dos personajes violan flagrantemente la Ley que juraron proteger, porque los artículos 134 Constitucional y el 351 de la Ley local de Instituciones Procedimientos Electorales, expresamente prohíben a diputados y servidores públicos que entreguen apoyos con propaganda con sus nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada, y fue precisamente lo que hicieron usando programas de su jurisdicción y dinero público; aun así, en el colmo de su soberbia, su desfachatez, su ignorancia o su apelo a la impunidad, publicitaron sus trabajos con singular alegría como si fuesen grandilocuentes acciones de las que se les debe rendir pleitesía o aplauso. Un tercer argumento, es que, si fuesen altruistas la publicidad sobraba, pero los dos personajes buscan alterar la equidad de la competencia electoral, sería de ingenuos pensar que su intención no es fortalecer su imagen pública de cara a los comicios del año entrante, por lo que con sus actos, utilizando su posición como diputados, tratan de sacar ventaja sobre los ciudadanos que en el futuro quieran ser candidatos y hasta de sus propios correligionarios de partido, quienes sin tener acceso a esos medios de que ellos disponen, estarán en condiciones de evidente inequidad.
La medida cautelar impuesta por el ITE que los obliga a retirar de inmediato la publicidad mencionada, es oportuna y necesaria, pero desde luego no resuelve el tema de fondo, el cual será abordado por la autoridad electoral. Considero que debe existir un castigo enérgico para ambos diputados, que sea una medida con un mensaje contundente para todas y todos los actores políticos, que deje perfectamente claro que nada ni nadie, está por encima de la ley, pero también que ejemplifique que el árbitro electoral es justo, que vigila y aplica la norma sin distingo, que no está de florero en pocas palabras. Finalmente, no existe castigo más ejemplar, que la desaprobación de los ciudadanos.
