El pasado 2 de octubre presenté una iniciativa de reforma al artículo 22 de la Constitución general, para ampliar las causales de extinción de dominio, que es el mecanismo que tiene el Estado para recuperar bienes obtenidos por personas que hayan cometido ciertos delitos.
La extinción de dominio es una institución en virtud de la cual, por sentencia judicial, se declara la pérdida de la titularidad de bienes de una persona, en favor del Estado, sin contraprestación o compensación de naturaleza alguna para el afectado, todo ello derivado de la comisión de actos ilícitos, tipificados como delitos.
Fue en junio de 2018 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 22 constitucional, para que se aplicara la extinción de dominio a quienes hubiesen obtenido bienes a resultas de actividades como delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
Casi una década después de esta última actualización jurídica, a todas luces resulta necesario ampliar la aplicación de esta institución a otras conductas delictivas, derivadas de la corrupción de funcionarios públicos y políticos.
Con la propuesta que presenté ante el pleno del Senado, se atiende uno de los reclamos más sentidos de la gente: evitar que los políticos y funcionarios que se enriquecieron saqueando el erario, disfruten de esos bienes mal habidos.
En Morena escuchamos perfectamente el clamor expresado el 1 de julio. Es así como entendemos que la población está harta del saqueo de los recursos públicos; que una camarilla de delincuentes con fuero o colocados en altos cargos de gobierno, se enriquezcan a costillas del pueblo.
Como lo expresé en aquella oportunidad en tribuna, son públicos y, por lo tanto, notorios los casos de gobernantes y exmandatarios que se han servido del presupuesto con la cuchara grande y bien copeteada, como diría uno de esos mismos personajes que abusó de su cargo para obtener beneficios para su persona y para sus familiares más cercanos.
Con esta iniciativa al texto constitucional se aspira a que todos aquellos políticos y funcionarios públicos que hayan incurrido en hechos de corrupción, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores contra la administración pública, se vean imposibilitados de disfrutar de los bienes que lograron a través de actos de corrupción.
Como lo ha mencionado en numerosas ocasiones el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la corrupción le cuesta a México más o menos 500 mil millones de pesos al año. Y de la corrupción ya estamos cansados todos.
Las evaluaciones hechas por diferentes organismos internacionales ubican a este delito como uno de los principales lastres para el crecimiento del país. Más allá de la danza de cifras, lo que realmente pega a la sociedad es el cinismo con el que cientos de políticos, funcionarios y sus testaferros y cómplices han saqueado el erario.
El hartazgo de la población está llegando a un punto límite. La olla de presión social está a una nada de fuertes estallidos, con consecuencias poco halagüeñas y bastante peligrosas si se sigue bordando de la misma manera.
Parte de ese malestar social, o “mal humor social”, fue el que salió a votar masivamente el 1 de julio. Y como amor con amor se paga, se debe estar a la altura de la expectativa de los cada vez menos pacientes ciudadanos, que requieren y necesitan medidas inmediatas para frenar la corrupción y su hermana gemela, la impunidad.
Ambos flagelos -corrupción e impunidad- han hecho escuela, a la sombra de la idiosincrasia nacional. Lo que la ciudadanía pide, exige un día sí y el otro también, es que se acaben las estafas maestras y las casas blancas.
A ese clamor responde la iniciativa presentada el 2 de octubre pasado. Se busca que cualquier ministerio público federal pueda conocer y perseguir los delitos relacionados con la corrupción, pero sobre todo para hacer aplicar en esos casos la extinción de dominio.
Esta iniciativa responde al malestar de la población, porque los políticos y los funcionarios han saqueado el erario, y la inmensa mayoría de las veces ni reciben castigo y, peor aún, siguen disfrutando de sus fortunas mal habidas, que los apuntalan y les dan vuelo para seguir en el candelero público.
Con esta propuesta de reforma al texto constitucional, cualquier ministerio público federal y cualquier juez federal podrá recibir alguna denuncia ciudadana o de algún medio, para que el político o funcionario acusado tenga que demostrar que obtuvo su fortuna de manera lícita. Y en caso de que haya habido tranzas de por medio, que pierda la titularidad de los bienes que consiguió gracias a sus corruptelas. Esas prácticas no pueden seguir más.
Quien desee conocer a detalle la reforma constitucional, puede consultar el Diario de los Debates, del Senado de la República, en la página electrónica http://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates.
No más ya ese lema que campeó durante algún sexenio del pasado inmediato, cuando se decía que “la corrupción somos todos”.
