Belém do Pará, Brasil, 1994, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Ahí fue, hade 25 años nomás, cuando por vez primera en la historia se propusieron y signaron compromisos para establecer mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado y su reivindicación dentro de la sociedad. México por supuesto, firmó su adhesión a estos compromisos. De palabra todo está bien, total prometer no empobrece pero ¿cumplir? ¡ah! Eso sí aniquila.
Como sí recordábamos lo firmado en 1994, 15 años después, en 2009 se promulgó la Ley General (es decir de aplicación en todo el territorio nacional) de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y en 2011 el congreso aprobó una reforma integral, vasta y de largo alcance en materia de derechos humanos; se incorporó a la constitución el derecho a gozar ya no solo de las garantías individuales sino de los derechos humanos reconocidos en la propia carta magna y los tratados internacionales de los que México es parte, incluidos aquellos signados 17 años atrás en Belém do Pará. En 2012, ¡finalmente! se incluye en el Código Penal Federal el delito de feminicidio.
La LGAMVLV incorporó un mecanismo interesante: la Alerta de Violencia de Género (AVG), que, según define la brillante académica Marcela Lagarde es un recurso jurídico que obliga a actuar a los tres órdenes de gobierno de manera articulada para atender hechos de violencia feminicida en una zona determinada desde una perspectiva de género, de forma pronta y expedita. De 2015 a la fecha se ha declarado a 18 estados y 474 municipios.
Se declara AVG cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social y la sociedad lo reclame, los organismos civiles o de derechos humanos locales, nacional o internacionales así lo soliciten y por agravio comparado (leyes locales de menor alcance respecto a otras de mayor avanzada) que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
La AVG, entre otras cosas, obliga a los gobiernos a hacer del conocimiento público el motivo de la alerta y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
Los gobiernos obviamente se resisten a aceptar públicamente que sus estrategias para proteger a las mujeres son un fracaso, y pelean para no recibir la AVG. Así, la CDMX con todo y su legislación de avanzada está amparada contra la alerta que se ha intentado declararle; Tlaxcala, con el vergonzoso referente sobre trata de personas, no ha recibido una AVG por considerarse que no hay elementos objetivos suficientes para ello. Veracruz en cambio, tiene declarada la alerta en todo su territorio.
La realidad se impone; con AVG o no, los asesinatos crecen. De 2015 a 2016, se asesinaban 7 mujeres al día; este septiembre ha sido el mes con más homicidios dolosos y feminicidios, con 349, solo después de diciembre de 2018 con 356. ¡Alerta! diez mujeres mexicanas son asesinadas a diario y tristemente parece que nos hemos acostumbrado a ese horror.
