Con la publicación del Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, por parte de Transparencia Internacional (TI), se abrió el debate acerca de la capacidad y efectividad del gobierno federal en México para controlar y reducir la corrupción. La postura formal del gobierno fue soltar con aspaviento sus emociones por los resultados -los cuales fueron calificados como un histórico salto de la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador- que arrojan que el 61% de los mexicanos piensa que el gobierno está haciendo un buen trabajo a propósito del combate a la corrupción.
Mientras tanto, los diferendos de quienes no apoyan esta primera postura están centrados en los señalamientos de falta de participación ciudadana y denostación al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Además, uno de los ejes nodales -objeto de crítica- es el acaparamiento mediático de la Secretaría de la Función Pública como punta de lanza del combate a la corrupción -aunque no estoy de acuerdo, sobre todo porque otras instancias también cuentan con este protagonismo, tal es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esta concentración de apariciones en la opinión pública bajo la temática de combate a la corrupción por parte de dependencias de la Administración Pública Federal ha eclipsado -sutilmente- la relevancia del Sistema Nacional Anticorrupción; esquema de coordinación entre instituciones que directa o indirectamente se relacionan con la anticorrupción, de indudable necesidad ante un problema público tan complejo como la corrupción y que exige del mayor compromiso institucional y de la búsqueda de eficacia, eficiencia e innovación en su atención y búsqueda de solución.
El mismo Barómetro Global de la Corrupción muestra las dimensiones del problema público al señalar que 44% de la población reporta que la corrupción aumentó en los últimos 12 años y el 34% indica que utilizaron servicios públicos y pagaron un soborno en los últimos 12 meses. Tan sólo este par de variables sitúa al gobierno mexicano ante un gran reto, en el que idealmente tendrá que participar la sociedad en general y deberán fortalecerse la totalidad de las instituciones encargadas del tema, incluido el propio Sistema Anticorrupción.
Tras la aprobación de la Ley General del Sistema en el año 2015, se inauguró un largo proceso para la formulación y aprobación de la Política Nacional Anticorrupción y la integración de los Sistemas Estatales Anticorrupción; los cuales son -aún- elementos inacabados e indispensables para el fortalecimiento de la vida democrática y la disminución de la incidencia de la corrupción.
Considero que, ante el acaparamiento de funciones, la baja consideración de la participación ciudadana en el combate a la corrupción y la búsqueda de foco por parte del Sistema Nacional, la solución se centra el fortalecer las capacidades y alcances institucionales de los Sistemas Estatales Anticorrupción, los cuales deben optar por hacer de los objetivos de la ley que les da origen, máximas de funcionamiento; así como la formulación técnica de la política pública en la materia, como un gran marco de referencia y herramienta de planeación y fijación de ejes estratégicos, objetivos y líneas de acción concretas.
Ante este escenario, la totalidad de Comités de Participación Ciudadana deben agruparse con agendas comunes y las Secretaría Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción entrar a una dinámica de colaboración para compartir, metodologías, procesos, procedimientos, estrategias, y una innumerable cantidad de experiencias que abonen a su mejor funcionamiento. También, por definición, se requiere que la Política Nacional supere la etapa obstáculos e ingrese a un proceso de verdadera definición, para que, en consecuencia, las políticas locales hallen alineación y potencia argumentativa para su aprobación en el respectivo Comité Coordinador.
En el ámbito subnacional existe un genuino interés -en muchas entidades federativas- por recuperar la confianza ciudadana y diseñar e implementar una política pública en materia de anticorrupción suficientemente robusta, basada en evidencia y, potencialmente eficaz desde la óptica programática.
En conclusión, la obtención de buenos resultados en materia de combate a la corrupción pasa necesariamente por la apuesta al diseño institucional de los Sistemas Anticorrupción, la salida es ubicar las fortalezas y debilidades en lo subnacional para lograr la suficiente integración y trabajo coordinado de co-creación. Ahí está el futuro.
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