La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad
Simón Bolívar
Existe un principio que deben acatar los que imparten justicia: “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”, el juez que soslaye lo anotado no debe considerarse representante de la ley, y se convierte en un simulador que defrauda a la sociedad a la que sirve, y denigra a la función que le fue encomendada. Esa clase de servidores públicos no deben ser dignos para aplicar la ley y deben, en justicia, ser extirpados de la institución judicial, y no solo deben ser expulsados sino que se hacen merecedores de ser procesados y recibir la sanción de las leyes en vigor, incluyendo la cárcel.
Ante la serie de evidencias que muestran la actitud de jueces y magistrados referentes a la magnanimidad para liberar a inculpados excarcelándolos, así como expedir con gran facilidad amparos para que delincuentes, cuyos delitos están debidamente tipificados como penales, siendo que estos victimarios deben estar en algún penal de máxima seguridad hasta que culmine su proceso judicial. Con ello se muestra a los que transgreden la justicia, y son precisamente los que imparten justicia. Ellos son, junto a delincuentes, enemigos de la sociedad mexicana.
Ante la cruda realidad que presenta el cuerpo de juzgadores (no todos), nace una esperanza por donde debe nacer: por los representantes auténticos de los intereses del pueblo, y un senador ha presentado iniciativa con el propósito de reformar el Artículo 94 Constitucional, el que establece que el ejercicio de Poder Judicial Federal está depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito y en los Juzgados de Circuito, siendo su función fundamental del Poder Judicial la de aplicar las leyes a los casos concretos, administrando así la justicia. Sus facultades fundamentales son: proteger las garantías individuales establecidas en la Carta Magna, la interpretación y aplicación de las leyes que sean sometidas a su consideración, será órgano de equilibrio entre poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación, así como entre los poderes de los Estados con la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma al citado Artículo 94 sería en el sentido de cesar de inmediato a jueces y magistrados que han obstruido los proyectos nacionales emanados de la Presidencia de la República, como la detención mediante amparos construcciones: del aeropuerto internacional de Santa Lucía y la refinería proyectada en el Estado de Tabasco. Así como la pésima administración de justicia al liberar a probables culpables de crímenes, evasores de impuestos y defraudadores del fisco federal.
A la fecha hay magistrados que cobran a la Federación hasta 500 mil pesos al mes. La futura reforma debe limitar el tiempo en la función pública de los encargados de impartir justicia, porque la ley actual otorga nombramientos hasta por 15 años, prestándose a generar intereses personales, se debe otorgar nombramiento atendiendo a la gran lección de los antiguos griegos nombrando a jueces por breve período.
Debe la nueva ley exigir maestrías y doctorados, así como experiencia en el desempeño judicial. Además de que la reforma determine que deben ser removidos jueces magistrados y ministros que han podrido a la justicia. Deben ser removidos aquellos funcionarios que hayan servido con la ley al poder político y económico burlando a la ley liberando a delincuentes.
El pueblo está atento al desempeño de los tres poderes del actual gobierno federal. El Poder Legislativo debe considerar los problemas populares con el propósito de estructurar leyes para que el pueblo viva con la justicia justa y continúen Diputados y Senadores elaborando mejoras del Poder Judicial, y se hagan efectivas, que no causen decepción como la propuesta referente a los réditos que cobra la banca a los que tienen necesidad de utilizar créditos bancarios. Si supiesen los mexicanos cuanto capital han ganado los bancos que operan en México, se decepcionarían de la concesión del gobierno federal del pasado. Tal vez algún día el Congreso de la Unión rescate la banca mexicana. Esperemos se apruebe la Reforma Judicial para sanear su administración.
