La historia nacional acusa varia épocas ruines como la actual. Por mencionar una actividad que empaña a uno de los Poderes, se está dando en el Legislativo, en donde no se cumple con la tarea conferida por el pueblo, que es la de defender mediante las leyes la felicidad del pueblo mexicano. El ejemplo vigente es la aprobación de las llamadas leyes estructurales, que supuestamente tendrían que mejorar la vida de los mexicanos, sin embargo, lo que han generado son beneficios para empresarios que tienen relación estrecha con el poder público o, como lo señalara Andrés Manuel López Obrador, “la mafia del poder”.
La llamada ley energética ha lastimado al pueblo en dimensiones extraordinarias desde el punto de vista económico, los aumentos desmedidos en las gasolinas y el gas han repercutido drásticamente en la economía de los hogares, para ellos, inalcanzables los salarios para sufragar gasto en la adquisición de alimentos.
Se ha observado que en ambas Cámaras (Diputados y Senadores) existen legisladores que han cumplido con su cometido en forma cabal, legisladores que desde el pódium han defendido a los intereses populares con toda energía y valor, y sobre todo con razonamientos irrefutables con el propósito de lograr hacer recapacitar a legisladores que siendo mayoría obedece ciegamente la “orden dada para seguir la línea”, trazada por la autoridad interesada en mejorar intereses privados ajenos al pueblo.
Apenas hace unas horas que el futuro Presidente Constitucional expuso ante diputados, senadores y gobernadores, la prioridad por legislar respecto a la derogación del fuero a integrantes de las legislaturas, con propósito de permitir enjuiciar al propio Ejecutivo federal. También trató el tema de los sueldos elevados aprobados en pasadas legislaciones. Las leyes deben ser aplicadas a todos los mexicanos por igual, por lo tanto debe derogarse la que se refiere al fuero, que a partir de la nueva legislatura deberá nulificarse para siempre. Ya no habrá fuero en la que se refugien legisladores delincuentes.
Tanto diputados como senadores no deberán gozar de “aguinaldo”, éste es un logro de carácter sindical, y… legisladores no pertenecen a la clase obrera, por tanto no tienen sindicato. Son en esencia servidores públicos, designados por elección popular. Tampoco su investidura legislativa debe abusar otorgándose “bonos” de compensación financiera.
Los legisladores deben considerar que ser diputado o senador, no es una carrera profesional, sino que su función es la de servir al pueblo en el Congreso, que su elección es un honor que le han conferido para que su desempeño sea efectivo en la elaboración de leyes justas.
Respecto a jubilaciones de presidentes deben derogarse, por el Poder Legislativo, no puede ser que un servidor público que haya servido (mal) durante seis años se le otorgue elevada suma monetaria, mientras que trabajadores deben cumplir 60 o 65 años de edad y de trabajo 30, 25 o 40 años de prestar servicios, más de la mitad de la vida de un ser humano.
Se trata de limpiar de corrupción a las instituciones del Estado, porque existen casos de corrupción como el que acaba de descubrirse: en las dos Cámaras, la compra de aparatos y equipos con precios hasta seis veces más altos que los expendidos en cualquier comercio. En este caso deben ser denunciadas las personas que administran los recursos financieros del Poder Legislativo y exigir la aplicación respectiva que sanciona la ley. Así es como se enriquecen los que administran el dinero del pueblo.
Se percibe clara intención del futuro Gobierno federal para eliminar la corrupción que está “heredando” el régimen de gobierno por salir. El gobierno entrante tiene la tarea de auditar a varias instituciones, como es la de educación y otras que manejan millonarios recursos para aplicarlos al desarrollo de programas que muchos de ellos han sido incumplidos cabalmente.
Se espera con gran optimismo que esta revolución cívica trascienda positivamente por muchos años, el futuro gobierno prosiga con el espíritu transformador.
