Los altos funcionarios del gobierno federal que han sido citados ante las cámaras (Diputados y Senadores) para rendir acciones y cuentas de los programas de su cargo, han mostrado mentiras en sus declaraciones. En esta semana la comparecencia de la encargada de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, no fue satisfactoria ante los integrantes de la Cámara de Diputados e imputada en varias ocasiones para hacer notar que era la causante del fraude cometido en las instituciones que ella dirigía y dirige, cuya misión es mitigar el hambre y la pobreza del pueblo, cuyos fondos aplicables fueron desviados del objetivo esencial: subsanar la pobreza del pueblo marginado, de ese pueblo que nació pobre y está condenado a morir en las mismas condiciones. La defensa ante las acusaciones de diputados, fue el fútil pretexto de que ella nunca firmó recibo y solo firmó autorización para ejercer las finanzas en favor del programa. Defendió su posición de honestidad en cuanto al fraude, cuando dijo que era objeto de ataque como mujer al ser exhibida en la prensa y en la propia Cámara de Diputados, a lo que una diputada le contradijo: “que ser mujer no le eximía” de ser responsable en la función que ejercía. Otros diputados pidieron no solo la renuncia a su función, sino también la cárcel. En esa sesión se escucharon fuertes acusaciones de diputadas y diputados integrantes de Morena. Desde luego que hubo aplausos al informe de parte de la bancada del PRI.
Otro funcionario declaró que se habían construido 10 mil casas para los que sufrieron la destrucción de viviendas con el sismo de septiembre del año pasado, a lo que un legislador de solicitó el lugar donde su programa había construido dichas casas. Solicitud que no fue satisfecha. Así con estos ejemplos que han sucedió en el Congreso de la Unión. Son los que a la fecha se presentan en las citas realizadas a los altos funcionarios de la federación en las que salen a flote los fraudes cometidos, mismos que ascienden a multimillonarias cifras de pesos, por lo que se deduce que en próximo sexenio se impondrá “la justicia mediante denuncias”, “no venganzas”, según expresiones del futuro Presidente de la República, y ello es exactamente lo que solicita el pueblo del gobierno entrante: aplicar justicia para terminar con la impunidad protectora del crimen. Las Cámaras ya tienen denuncias importantes para recuperar las millonadas de pesos que no han sido aplicadas legalmente. Considerando todo lo que informan los titulares del gobierno federal en relación al ejercicio de su función pública, demuestra por qué el país no avanza. Demuestra la pésima administración del gobierno federal. Lo deleznable: que las leyes aprobadas durante los regímenes pasados beneficien en gran medida a intereses ajenos al pueblo, leyes que tendrán que abrogarse.
Ahora que se trata el aspecto legislativo, hay buenas noticias que se han adelantado a las federales en relación a las evaluaciones de los maestros, pues en dos Estados ya las cámaras locales están tratando la suspensión de esta parte de la Reforma Educativa, con el propósito de suspender esta parte punitiva-laboral, para proteger los derechos del magisterio estatal. Hace falta que acá en Tlaxcala inicien los diputados locales a tratar este asunto lesivo al magisterio estatal y no esperar al sindicato (Sección 55) para que haga la solicitud, porque está ligado al SNTE nacional, sindicato clasificado como el más grande de Latinoamérica, pero también con funciones de “sindicato blanco”. Esos Congresos estatales están por nulificar la evaluación punitiva estructurada por el poder político que todavía está en vigencia. Como Estado, que gozan de soberanía están ejerciendo los poderes legislativos la libertad de mejorar las condiciones negativas legales.
El pueblo de México tiene derecho a ser feliz, a partir de hoy debe construirse, ya no debe dar paso atrás en la lucha por mejorar las clases marginadas desde hace siglos, el pueblo con su voto ha ganado la esperanza de hacer efectivo el estado de derecho y, hay que hacerlo efectivo. Ya no más fraudes gubernamentales, ya no más injusticia. No más reprobaciones vergonzantes a funcionarios en el Congreso de la Unión.
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