Las leyes inútiles debilitan a las necesarias
Charles Louis Secondat
No es de dudarse que el importado “Sistema de Justicia Penal Acusatorio” tenga éxito en otros países; sin embargo, la aplicación de éste en el ámbito estatal no está dando buen resultado, porque su aplicación protege poderosamente al delincuente y no hace justicia a la víctima, como más adelante se señalan hechos donde los victimarios gozan de plena libertad, pero el que se encuentra cautivo con su caso es la víctima, a pesar de que el expediente (hoy carpeta) esté debidamente integrado conforme a los cánones que rigen a la estructuración legal, para ser presentado ante la jueza o juez por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Trámite con el propósito de iniciar las audiencias.
Existen algunas ventajas que aporta el nuevo sistema legal, como la presentación de pruebas por parte de la víctima y participar directamente en el proceso, así como solicitar directamente la reparación del daño y pueda impugnar ante el juez resoluciones y omisiones del Ministerio Público.
Otra ventaja para la víctima es el derecho a solicitar al juez que dicte medidas para hacer efectiva la restitución de los derechos sin que termine el juicio. El nuevo sistema obliga a que se repare el daño a la víctima. Solo que el sistema penal tarda muchos meses o años, mientras los delincuentes gozan de la protección del citado sistema penal. Autores de libros jurídicos acusan a legisladores en aceptar una ley que imparte en la práctica injusticia para la víctima y protege al victimario.
Entonces, ¿el citado sistema justiciero también acusa desventajas? ¡Claro que sí! El tiempo empleado que ocupan las audiencias en el desahogo de diligencias, la falta de personal idóneo que interviene en el caso como son: jueces, ministerios públicos, peritos y abogados, que requieren de capacitación para el desempeño correcto de su trabajo.
Hacen falta instalaciones adecuadas con sistemas informáticos y laboratorios para investigación los que requieren de inversión considerable para su funcionamiento.
En la delicada e importante función de impartición de justicia deben seleccionarse a jueces mediante examen enfocado a su desempeño de juzgar y emitir sanción, que debe ser emitida por el cerebro con imparcialidad, que sus dictámenes no sean producto visceral sino del raciocinio.
En el Estado de Tlaxcala, existe un gran edificio propio para las actividades legislativas conocido como Ciudad Judicial, al que algunos abogados irónicamente llaman “perjudicial”. Donde existen espacios ad doc para la actividad jurídica, donde hace falta el servicio de copiado de documentos que facilitaría la tarea gestora de abogados. Sin embargo, las oficinas de Ministerios Públicos, que se encuentran alojados en la Procuraduría General del Estado, se encuentran saturadas de archiveros y mamotretos de expedientes donde el espacio está reducido para atender a solicitantes de servicios.
El Gobierno estatal hizo la gestión presentando ante el Congreso una propuesta de Reforma Sistema de Justicia Penal, rechazado por los “representantes del pueblo”, los que han percibido bono de fin de año por la cantidad de 2 millones 400 mil pesos. Lo positivo es la voluntad de Ejecutivo estatal para conseguir “una ley útil y necesaria” para Tlaxcala.
Por acatar la vigente ley, el conductor de un vehículo que atropelló a una familia la cual murió por el impacto, fue atrapado por personas que testificaron el accidente, sin embargo, la autoridad judicial dio libertad al chofer. Ante protesta popular, un juez determinó acertadamente que fuera capturado y puesto en prisión. Así debieran actuar otros jueces con defraudadores que han desoído las “invitaciones” y citatorios de la autoridad, además de no atender advertencia del juez: “serán presentados por la fuerza púbica” y no se cumple la advertencia oficial.
La Ley no puede ser “pronta y expedita”, porque está frenada por insuficiencia de personal que realice investigación y estructure carpeta para ser presentada ante el juez. No debe pedir el solicitante de justicia que haya fluidez en el proceso sin considerar la carga de trabajo que existe en las Agencias del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito. Es inhumano exigir al Agente analizar cientos de carpetas hacinadas en escritorios y almacenadas en archiveros. Es necesario el financiamiento del Estado para superar el déficit de personal que atiende la justicia. Los jueces debieran desacatar el Sistema injusto, como lo hicieron maestros con las Reforma Educativa, y dejaron de ser cómplices.
